SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La jueza Silvia Baquero Lazcano ordenó traer a la audiencia el acta original de un presunto acuerdo entre el intendente Alberto Icare y el imputado, por la desobediencia de la clausura de la discoteca "Babilonia", y suspendió por dos días el debate, porque manifestó el interés en escuchar a otro testigo que antes no habrían previsto que declare.
El imputado, Pablo Aníbal Guzmán, prefirió no declarar ante la audiencia, y fue su socio, Diego Emilio Goye, quien planteó la existencia del acuerdo en el que el imputado se comprometía a mantener dos semanas cerrado el local bailable y realizar en ese lapso las correcciones solicitadas, casi todas referidas a cuestiones de seguridad. El acta se habría firmado en presencia del director de Inspección General, Jorge Lallana, pero como la copia agregada al expediente estaba parcialmente ilegible la jueza ordenó incorporar el documento original.
Por resolución 56.252 del 2005, la jueza municipal de Faltas ordenó la clausura de la discoteca "Babilonia" porque carecía de habilitación municipal, porque no observaba las medidas necesarias para su explotación y por haberse comprobado que le vendía bebidas alcohólicas a menores de edad. El 26 de noviembre de 2005 un oficial de justicia notificó a Guzmán, pero éste se habría negado a cerrar el local y mantuvo abierta su discoteca durante casi 20 meses sin dar cumplimiento a las medidas de seguridad que le requerían. Por esa razón y por denuncia de la apoderada del Municipio, Bárbara Figueirido, la Justicia inició una causa por desobediencia, que se interrumpió hace dos meses, cuando el imputado se comprometió a mantener cerrado el local y regularizar el trámite de habilitación en un plazo no mayor a 21 días hábiles.
Los trabajos realizados no habrían satisfecho las expectativas del fiscal Eduardo Fernández, pero lo cierto es que el local fue reabierto pocos días después y continuó funcionando en aparente desafío a las normas y sanciones impuestas, aunque trascendió que en ocasiones habrían explotado el local los empleados de la discoteca.
Ayer declararon los oficiales de justicia que el 26 de noviembre de 2005 le trasmitieron a Guzmán la decisión de la jueza de Faltas Cora Rondineau de confirmar la clausura que le habían impuesto el día anterior, y fueron contestes al decir que el imputado se negó a acatar la medida. Comentaron que realizaron otras constataciones, de la violación de clausura y que en ocasiones les habían cerrado "la puerta en la cara" y no los dejaron entrar, y respondieron con algunas dudas a las preguntas del defensor de Guzmán, Rodolfo Husmann, sobre si eran ellos o el imputado quien debía encargarse de formalizar el acto de clausura del local.
El testimonio del testigo Goye, involucrando al ex intendente Alberto Icare y al Inspector General en un presunto acuerdo, introdujo en la causa un elemento que nunca antes había sido mencionado.
