Hasta cuándo habrá emergencia económica?
A juzgar por el balance del encuestador oficial ("¡Iupi, iupi, salimos del infierno!", celebró el sociólogo Artemio López), hay datos que la harían innecesaria en una etapa que en nada se asemeja al estallido del 2001.
Es ésta (anecdóticamente, pues se sabe que de cualquier manera será sancionada antes de fin de año) una medida a la que la presidenta que asumirá mañana siempre se opuso. De manera militante, cuando la impulsó Eduardo Duhalde en el 2002, o ausentándose a la hora de votar en el Congreso, ya con el kirchnerismo aferrado a las riendas del poder.
Enumeró Artemio López entre los aspectos positivos de la era K: se consolidó el mayor ciclo de crecimiento económico de los últimos 100 años, del orden del 52% del PBI; con la aceptación del 76% de los acreedores, se consiguió la mayor quita de deuda externa; la tasa de pobreza cayó 30 puntos y la indigencia 19; tras un lustro de destrucción de empleo, se generaron 1.520 puestos de trabajo cada 24 horas; se hizo caer la tasa de trabajo en negro a razón de un punto por año; se promovieron aumentos del 380% en el salario mínimo y aumentos sobre la jubilación mínima, que pasó de 150 a 596,25 pesos mensuales; se extendió el derecho jubilatorio a 1,5 millones de beneficiarios que estaban fuera del sistema; entre los grandes beneficiarios del modelo actual figuran las franjas medias y medias altas; se clausuró la deuda con el FMI, lográndose mayores cuotas de autonomía en las decisiones de política doméstica.
Si bien en el debe, el sociólogo incluyó en su blog el no haberse podido alterar sustancialmente aún el patrón distributivo inaugurado por los financistas apañados por la última dictadura militar. Vale la pena insistir: ¿por qué se empeña el kirchnerismo en aprobar contra viento y marea una disposición contraria a los principios de Cristina Fernández, cuando -como dijo Kirchner por televisión- le está entregando un país "casi normal"?
La respuesta, con una franqueza torva, la dio el diputado ultra K Carlos Kunkel: la ley permite el control y las negociaciones bajo condiciones especiales de las prestaciones de los servicios públicos. "Si suprimiéramos la emergencia económica, muchos de los servicios se cobrarían con el mismo numerito, pero en u$s (sic)". El legislador aludió a los contratos firmados en la época de Carlos Menem, quien curiosamente se avino a convalidar la prórroga en el Senado, lo que no ocurrió, para disgusto de Miguel Pichetto, por los cortocircuitos entre peronistas y deserciones tan llamativas como las de Carlos Reutemann, Rubén Marín, María Laura Leguizamón, Vilma Ibarra y Roberto Urquía, uno de los preferidos de Cristina.
No quería Cristina "mancharse las manos". La armonía se alteró por los desbarajustes entre los diputados capitaneados por Agustín Rossi y los senadores dirigidos por Pichetto.
Pero las intrigas palaciegas, los enojos del matrimonio presidencial y las internas resultarán al cabo irrelevantes. ¿Es que acaso Cristina, en aras de la mejor institucionalidad que augura, derogará la ley? La voluntad política es clara y va en otro sentido: hay que contar con ese instrumento. Por lo tanto, según las versiones que se dejaron trascender desde la Rosada y el parlamento, la presidenta dejaría que la norma se promulgue en forma automática o bien la rúbrica la pondrá el vicepresidente Julio Cobos, cuando ella se ausente por unas horas del país.
¿Chávez, rehabilitado?
Buenos Aires puede transformarse entre mañana y el martes en el centro de las negociaciones para reflotar las posibilidades de diálogo en torno a Ingrid Betancourt, desde hace seis años secuestrada por las FARC en la selva de Colombia.
Yolanda, la madre de Ingrid, tiene una amistad de años con el canciller Jorge Taiana. A él le pidió que Cristina la recibiera y se convirtiera en intermediaria.
Tras la asunción, la presidenta planea reunirse, además, con los colegas de Colombia, Venezuela y con el premier francés.
Buscará que Hugo Chávez retome las conversaciones con las FARC, porque se considera que su gestión es la que más cerca estuvo de lograr algo concreto.
Se cree que Álvaro Uribe dio por terminada la misión de Chávez, por presión de Estados Unidos, que no quiere el éxito de quien considera un peligroso dictador aliado a uno de sus principales enemigos de hoy, el régimen fundamentalista de Irán.
Otro de los que meterá baza en el tema será el presidente del Brasil.
Tanto Lula como Cristina alentarán un respaldo de la región para que Uribe pueda lograr que prosperen las negociaciones para liberar a Ingrid y al resto de los cautivos o, en todo caso, volver a habilitar a Chávez, luego del dramático pedido del presidente francés, Nicolas Sarkozy.
ARNALDO PAGANETTI
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