NEUQUÉN (AN)- Además de compromisos y deudas, Jorge Sobisch deja como legado un Poder Judicial sin brillo ni prestigio, salvo algunos casos puntuales; con un Tribunal Superior demasiado permeable a los deseos del Ejecutivo y dispuesto a asfixiar los esbozos de independencia interna, como se vio en estos días con su intento de operar sobre la Cámara de Apelaciones.

Jorge Sapag se ha cuidado de revelar su pensamiento sobre el Poder Judicial, pero envió las primeras señales: después de muchos años, las relaciones con ese poder tendrán un canal institucional porque habrá un ministro de Justicia. Y el subsecretario que, se dice, eligió, no resultará del agrado de todos en el Tribunal Superior: Ricardo Rivas, esposo de Patricia Clérici, la magistrada insólitamente calificada con cero por el Consejo de la Magistratura.

Esta semana el Tribunal Superior debe elegir a su presidente para el año 2008. Por la rotación anual no debería haber sorpresas: le corresponde a Ricardo Kohon, el único de los cinco vocales que todavía no ejerció ese cargo. Pero en las últimas semanas Kohon se encargó de sembrar

aquí y allá, no siempre en forma personal, dudas sobre su futuro.

Tres obstáculos menciona Kohon a través de sus voceros: imagina un año con dificultades presupuestarias; con cierta hostilidad del poder político; y sin mayoría propia en un cuerpo de cinco que le garantice gobernabilidad.

"Si no puede concretar la transformación de la Justicia que él tiene en mente, se irá. No sólo no aceptará la presidencia, sino que renunciará", dramatiza alguien que presume de conocer de cerca al vocal.

Kohon es un "extrapartidario" por partida triple: a diferencia de los otros vocales, no viene del MPN, ni de adentro del Poder Judicial, ni es penalista. Desde que asumió trata de diferenciarse de sus pares, no siempre con éxito.

Cuesta creer que haya esperado tanto para irse del Tribunal justo ahora.

El que se despide de la presidencia, Eduardo Badano, no pudo cumplir con éxito su meta autoimpuesta de tener un año sin escándalos. Lo marcaron al menos dos: el cobro de un plus salarial por el trabajo en la junta electoral, y la intentona de apartar a Héctor Rimaro, de la Cámara de Apelaciones, por haberse pronunciado a favor de la incorporación de ATEN como querellante en la causa Fuentealba II. Cómo habrá sido de grosero este castigo encubierto que hasta la Asociación de Magistrados lo condenó.