En estos días se cumplen 50 años del desarrollo de las febriles sesiones que terminaron el 10 de diciembre de 1957 con la sanción de la primera Constitución de la Provincia de Río Negro. Estimo necesario decir "febriles sesiones" como también podría decirse inciertas, porque el problema de la designación de la capital de Río Negro perturbó tan profundamente el desarrollo de la Convención Constituyente que se estuvo a un paso de que la misma fracasara en su cometido por la falta de quórum, dada la postura que adoptaron algunos sectores políticos, como pocos días antes había acontecido con la Convención Nacional Constituyente Reformadora reunida en la ciudad de Santa Fe. Sin embargo y a pesar de otras circunstancias inesperadas o insólitas, los deseos de concretar a Río Negro como una provincia que se gobernara a sí misma y el sentido del deber por el mandato recibido que primó en la gran mayoría de los convencionales, se logró que la proclamación y asunción de las primeras autoridades elegidas por el pueblo de Río Negro pudiera efectivizarse normalmente el 1º de mayo de 1958.
Recordemos que el sistema electoral de representación proporcional posibilitó la presencia de un amplio abanico de partidos políticos, ya que no se estableció un porcentaje mínimo de votos para obtener bancas. Fue así que la UCR Intransigente obtuvo 9 convencionales, la UCR del Pueblo 6, el Partido Socialista 3, la Democracia Cristiana 3, Demócratas Progresistas 2 y Demócratas de Río Negro 1. En total fueron electos 24 convencionales constituyentes.
En la mayoría de las regiones de la provincia el tema de la designación de la capital no había sido el tema excluyente, excepto en Viedma, donde desde la convocatoria a elecciones se produjo una profunda conmoción cívico-localista. Llevadas a cabo las elecciones, el gobierno de la Intervención Federal de Río Negro citó en Viedma a los convencionales electos para el día de 31 de agosto de 1957, fecha en la cual tuvo lugar la primera sesión preparatoria, con asistencia total de convencionales. Fue en esa circunstancia que los convencionales del interior de la provincia tomamos conciencia del clima de tensión que existía en Viedma por la cuestión capital, palpable a través de simples conversaciones o de la lectura de declaraciones o volantes amenazadores dirigidos a convencionales que quisieran "despojar" a Viedma de sus "legítimos" derechos.
En la primera sesión preparatoria se designaron las autoridades provisorias de la Convención. Por ser el Dr. Adalberto Pagano, ex gobernador del territorio, el convencional de mayor edad fue elegido presidente y como secretarios se designaron los de menor edad, los Dres. Santiago Hernández y Manuel Cenobio Bustamante.
Más tarde, como la UCRI era la primera minoría, se propuso a su presidente Dr. Justo Epifanio para presidir la Convención, pero el Dr. Guido, presidente de bloque de la UCRI, pre
tendió para su partido íntegramente toda la mesa directiva y sus dos secretarias. Como ello no fue aceptado por el resto de los convencionales, obligó al Dr. Epifanio a presentar su renuncia indeclinable por solidaridad con su bloque y así fue que lo reemplazó la señora Nelly Frey de Neumeyer, de la segunda minoría (UCRP). Como secretarios fueron electos Carlos Christian Nielsen y Julio César Aviles.
Las sesiones se levantaron, ya que era imprescindible la contratación de taquígrafos. Una vez reanudadas (21/23 de setiembre) y en medio de intensos debates sobre temas políticos, se designó la Comisión Redactora que desde el municipio de General Roca comenzó la tarea de redactar las normas constitucionales atento a que la mayoría de los convencionales eran del Alto Valle.
Pero si el tema capital ya había motivado duros entredichos verbales en estas sesiones del mes de setiembre, el despacho de la mayoría de la Comisión Redactora proponiendo en el artículo 4º a General Roca como capital de la provincia fue una especie de mecha que encendió la hoguera en la ciudad de Viedma. Fue por eso que al reanudarse las sesiones en Viedma, el 20 de noviembre, las mismas tuvieron un carácter dramático y crucial. No se presentaron a ocupar sus bancas siete convencionales e incluso dos más renunciaron como candidatos suplentes a ocuparlas en el futuro. Tampoco estuvieron ese 20 de noviembre los convencionales Justo Epifanio y Manuel Porcel de Peralta, que alegaron falta de garantías para sesionar y resultado negativo a lograr alojamiento en Viedma. Ese día, con gran tensión, hasta se debatió y votó el cambio de sede de la Convención a otro lugar de la provincia, pero el bloque de la UCRI volvió a sus bancas y votó negativamente para después anunciar su retiro de las sesiones. Fue entonces que surgió, en toda su dimensión, el problema de que la Convención pudiera quedar sin quórum, ya que siete renuncias debieron ser aceptadas, el bloque de la UCRI aunque dividido seguía ausente y la fecha tope para sesionar del 10 de diciembre se acercaba angustiosamente.
Con quórum casi estricto (13 a 15 sobre 24) se comenzaron a tratar los distintos capítulos del Despacho de Comisión, excepto el artículo 4º sobre la ciudad capital que se postergó unos días y fue superado por un acuerdo para que en el futuro el tema de la capital fuera resuelto por la próxima Legislatura. En días anteriores al 10 de diciembre, en que se sancionó y se juró cumplimiento a la primera Constitución de Río Negro, también se trató una disposición transitoria en la Constitución que preveía que el primer gobierno constitucional citara a un plebiscito para ratificar o rechazar el texto de la carta magna. Esto fue sancionado por unanimidad en atención a la proscripción del Partido Justicialista ordenada por el decreto Nº 4.258/56 del gobierno nacional.
La Constitución Provincial de Río Negro del año 1957 no fue reformada por la posterior Constitución del año 1988. Fue totalmente derogada. Ello lo estimo como muy grave, ya que en la campaña electoral de 1983 el Dr. Álvarez Guerrero consideraba que cumplir con la Constitución sería lo mismo que realizar todo un gran programa de gobierno. ¿Y por qué entonces, se preguntará el lector, se la derogó?
La respuesta es muy clara porque el transcurso del tiempo siempre identifica la conducta de los hombres y hoy está todo a la vista. La Constitución de 1957 no confería ninguna clase de privilegios a la clase política, respetaba la división de los poderes y la independencia de los miembros del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo era unipersonal y no podían los gobernadores ser reelegidos ni tampoco ejercer facultades legislativas, como emitir decretos de necesidad y urgencia. Tampoco daba lugar a los privilegios de las corporaciones, como lo establece el artículo 210 inciso 3º de la Constitución de 1988 para la designación de los jueces. El signo republicano y federal de las instituciones brotaba de su contenido, buscando siempre objetividad e imparcialidad en las decisiones de los funcionarios de los tres poderes. Todo ello le resultó insoportable a la nueva clase política de fines de los años ochenta y, aunque el primer intento de reforma fue del gobierno peronista de Mario Franco de 1975, sólo el acuerdo de los dos partidos mayoritarios en el año 1987 logró la nueva Constitución de 1988.
Y desde allí en adelante ocurrió lo que era lógico.
Los constituyentes de 1957 dejamos una clara señal de que no queríamos en el empleo público la posibilidad de formar un ejército burocrático, el cual siempre se convierte en clientelismo con toda su corruptela y acceso de los inservibles en la función o empleo público. Recuerdo que al dejar la Legislatura de Río Negro en el año 1962 la dotación de personal completa no llegaba a más de 45 personas, incluyendo 23 legisladores, taquígrafos y personal de maestranza y servicios. Miren lo que es eso hoy. Siento vergüenza ajena. Nosotros siempre pensamos que la reelección del gobernador conduce fatalmente a los caudillismos provinciales, eternizando a un mismo partido político en el poder. Obsérvese que sólo en la letra constitucional el mandato del gobernador dura cuatro años. Los últimos gobiernos de Río Negro son la expresión de un mismo partido y sus titulares ahora duran ocho años en el poder. Los fueros de los funcionarios públicos provinciales se han convertido en el espacio vital para lograr la impunidad de los corruptos, colocándonos en el supuesto muy hipotético de que algún juez se atreva a investigarlos y, si lo hace, se anime a citarlos. Y es lógico: así está la provincia. Desde 1987 a hoy endeudada en $3.700 millones de pesos, con un pueblo agobiado por sufrir pésimos servicios y salarios, sin ninguna obra pública trascendente ni futuro provincial. La gran mayoría de mediocres gubernamentales tiene asegurado su refugio en la función pública y las dispensas del poder. Entre las mejores pruebas de los signos de corrupción está el cierre del Banco de la Provincia de Río Negro, institución que desde aquel enero de 1961 y hasta el año 1984 fue un ejemplo de crecimiento y apoyo a todas las actividades productivas y de servicios. Y no hablemos de la entrega de la Caja de Jubilaciones a la Nación o de la privatización de la empresa provincial de la energía eléctrica, con lo que se logró las tarifas más caras de la República. La situación financiera de Río Negro permite que sus gobernantes existan, porque viven de rodillas ante el gobierno nacional y el día de los comicios electorales, sin sonrojarse, comparten las listas oficiales nacionales como si fuera la misma cosa ser oficialista que opositor o radical que peronista.
La Constitución del año 1957 quizá contenga alguna imperfección, pero tiene una redacción sobria y ninguno de sus capítulos abruma al buen gusto constitucional con un catálogo de declamaciones demagógicas y populistas como enmarcan innumerables cláusulas de la actual Constitución de 1988. La generación de 1957 quiso que se gobernara austeramente, deponiendo toda clase de intereses personales, con democrática renovación de los mandatos, pensando en cómo poder servir mejor al ciudadano, siempre escuchando y atendiendo a las necesidades del pueblo, sin sectarismos partidarios o de clase, enseñando que el trabajo engrandece a los seres humanos y ofreciendo como la mejor enseñanza la conducta de los gobernantes como una guía moral para lograr el progreso y así conseguir la superación de las nuevas generaciones.
Estos fueron los lineamientos generales de la Constitución rionegrina de 1957, la cual hoy rememoramos con orgullo y emoción, recordando a quienes participaron en su confección con unción patriótica provincial, aunque una gran mayoría ya no esté con nosotros. Porque cumplieron con desinterés aquella importante etapa del nacimiento de nuestra provincia, sus normas constitucionales fueron el mejor mensaje de la bandera que abrazó y prestigió para siempre los primeros gobiernos de Río Negro.
MARIO ROBERTO VIECENS (*)
Especial para "Río Negro"
(*) Ex convencional constituyente 1957.
