El Senado convirtió ayer en ley el proyecto de Presupuesto con el que contará la presidenta electa Cristina Fernández de Kirchner en su primer año de gobierno, que prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4 por ciento y una inflación en torno al 7,7 por ciento.

La "ley de leyes" fue sancionada con voto el favorable de 37 senadores contra 13, ya que el bloque radical, el socialista Rubén Giustiniani y algunos legisladores de partidos provinciales se opusieron con distintos argumentos.

El cálculo de gastos y recursos de la Nación prevé ingresos totales de 169.462 millones de pesos, lo cual implica un aumento de 17,3 por ciento respecto de este año, al tiempo que estima gastos de 161.486,5 millones de pesos, con una suba de 15,9 por ciento sobre el 2007.

El gobierno prevé tener durante el próximo año un superávit fiscal superior a los 27.000 millones de pesos y de unos 10.000 millones de dólares en el balance comercial, a partir de un nuevo record de exportaciones por unos 66.000 millones de dólares.

Por su parte, las previsiones sobre los intereses de la deuda indican un aumento del 14,5 por ciento, lo cual incluye los intereses de la deuda renegociada.

El cálculo de gastos totales supera los 177.000 millones de pesos, con prioridad de las partidas destinadas a la seguridad social, la educación y a ciencia y tecnología.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el chaqueño Jorge Capitanich, pidió la aprobación del proyecto "sobre la base del cumplimiento en el último año de mandato del presidente Néstor Kirchner y del futuro gobierno de la presidenta electa, Cristina Fernández".

Capitanich dijo que el Presupuesto Nacional posee "una evolución de las variables en términos de crecimiento, reducción de pobreza e indigencia y aumento de empleo".

En cambio, el radical Gerardo Morales criticó el proyecto del oficialismo al reclamar "un plan que fortalezca las bases para resolver el problema de la inflación que no se arregla con el control de precios".

"Hay que tomar medidas de fondo. Resolver el problema de la aplicación del superávit que no sabemos en qué se emplea. Acá no hay un tratamiento federal y no hay un plan económico", sentenció Morales.

El justicialista disidente Adolfo Rodríguez Saá se quejó porque "el gobierno nacional discrimina a la provincia de San Luis a la hora de distribuir obras" y afirmó que eso ocurre porque el distrito que representa "no es sumiso".

Por su parte, el socialista Rubén Giustiniani criticó la "discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos" reflejada en "la subestimación de recursos y de ingresos", al tiempo que cuestionó "la disparidad entre el crecimiento económico y la distribución del ingreso". A su turno, el salteño Ricardo Gómez Diez coincidió en que "los recursos están subvaluados". (Télam)