EL BOLSÓN (AEB).- Un juez de primera instancia de Bariloche falló a favor de un médico en una demanda por daños y perjuicios que el profesional entabló contra la provincia tiempo después de ser injustamente suspendido y cesanteado del hospital de El Bolsón, por presunto "abandono de servicio", cuando en realidad se hallaba en goce de las vacaciones reglamentarias.
El monto fijado por el juez Carlos Marcelo Cuéllar, para compensar las pérdidas y disgustos sufridos por el cirujano Héctor Edgardo Ortiz -quien continúa desempeñándose en el ámbito privado bolsonense- superaría los $ 250.000, teniendo en cuenta los intereses anuales devengados. La abogada patrocinante, Teresa Bilbao, se abstuvo de brindar esa precisión numérica a petición de su cliente; de ahí la aproximación. Si bien es probable que la provincia apele la sentencia del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y de Minería Nº 3, conviene destacar las circunstancias por las que Ortiz pasó y la arbitrariedad desplegada entonces dentro del Consejo Provincial de Salud Pública, todo lo cual se desprende del texto del fallo.
Narra el escrito que Ortiz fue sometido a un primer sumario administrativo por el cual se le impuso una suspensión por treinta días. "La postrer revisión judicial de dichas actuaciones, en el ámbito de la Cámara del Trabajo, desnudó una secuencia de dislates acaso muy poco frecuentes aún en el accionar de la Administración Pública que culminaron con la declaración de nulidad" y extrae que "del cronograma de guardias realizado por el nosocomio entre enero 1995 a junio 1996 se advierte que además de las guardias pasivas propias del servicio de cirugía... el actor (es decir Ortiz)... también realizó guardias activas de medicina general. Ello desmiente en los hechos la causal por la que se enrostrara al actor los incumplimientos del caso...".
Sobrevino a posteriori un segundo sumario administrativo contra Ortiz como consecuencia del cual fue cesanteado a principios de 1997. Sin embargo, dicha resolución fue recurrida ante el gobernador Pablo Verani y éste revocó la medida por considerar que no existía razón para intimarlo al profesional por "abandono de servicio" y porque las ausencias se hallaban justificadas en que Ortiz "se encontraba en goce de la licencia anual y francos compensatorios solicitados con suficiente antelación...". Pese a ser reincorporado durante un tiempo para cumplir funciones en el ámbito legislativo, ya desgastado y minada su vocación, el profesional optó por un retiro voluntario. La demanda contra el Estado por los daños y perjuicios fue presentada en 1999 y como co-demandado el entonces director del hospital, Alberto Honik, durante cuya gestión comenzaron las conductas persecutorias.
El juez Cuéllar se refiere de modo crítico al accionar del Estado en varias partes de su fallo como cuando expresa: "Los sumarios administrativos existen y está bien que así sea. Pero cuidado: el abuso de su implementación, su desnaturalización y/o descontextualización, no es otra cosa que una espuria desviación de poder por parte del Estado que no puede ni debe ser tolerada".
