BOGOTÁ (AFP).- El gobierno colombiano busca mediante una negociación directa con las FARC, a la que Francia podría sumarse, la liberación de los rehenes de esa guerrilla, mientras los familiares insisten en el presidente venezolano Hugo Chávez para recuperar a sus seres queridos.
Tras la desautorización de las gestiones de Chávez y la divulgación de dramáticas pruebas de vida de los rehenes, especialmente de la colombo-francesa Ingrid Betancourt, Uribe optó por una nueva estrategia: negociar directamente con las FARC acompañado por el gobierno del presidente francés Nicolas Sarkozy. "Esperamos que Francia nos acompañe de manera estrecha en este paso que estamos dando para que podamos concretar el anhelo de tantos (...) que quieren ver a los secuestrados libres", dijo el martes en conferencia de prensa el comisionado de paz del gobierno colombiano, Luis Carlos Restrepo.
Sin embargo, el funcionario aclaró que el papel de Francia no será de mediador o facilitador. "La fase de facilitaciones y mediaciones está superada, tenemos que entrar en la sustancia del asunto porque hay un clamor. Estas imágenes dolorosas de Ingrid y los demás secuestrados nos urgen a encontrar de inmediato una fórmula para este intercambio", dijo Restrepo el miércoles a la radio privada Caracol.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, se declaró pesimista sobre el éxito de esa nueva estrategia, tras recordar que las FARC "no se han movido un centímetro", en su posición para negociar.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) proponen que el gobierno excarcele a unos 500 rebeldes a cambio de al menos 45 rehenes, entre los cuales, además de Betancourt, se encuentran tres estadounidenses, varios políticos y decenas de militares y policías colombianos.
Por su parte, un grupo de familiares de los cautivos le pidió el martes en Caracas al presidente Chávez que continúe las gestiones en pos de la liberación de sus parientes, pese a la crisis diplomática desatada entre los dos países a raíz de esa mediación. En la solicitud que extendieron a la senadora colombiana opositora Piedad Córdoba, cuya "facilitación" también fue desautorizada por Uribe, las familias confirieron a Chávez "el mandato expreso de actuar a nuestros nombres en las diligencias que estimen conducentes a la liberación de los retenidos". "Tienen ustedes toda nuestra confianza y mandato expreso para adelantar las diligencias, conversaciones, reuniones y, en general, las actividades necesarias e indispensables en el propósito de conseguir pruebas de vida y de concretar la liberación de nuestros familiares", reza la carta.
