Lo habían pasado cinco días de la aprobación parcial de la ley de presupuesto 2008 cuando se dio a conocer a través del Boletín Oficial la ampliación del Presupuesto 2007 en casi 12.000 millones de pesos por medio de una decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete.

La decisión administrativa fue la más importante en lo que a monto de ampliación presupuestaria se refiere: 11.937 millones de pesos, el diez por ciento de todo el presupuesto del año, con una simple medida de la Jefatura de Gabinete.

Pero no fue la única, ya que al 29 de noviembre, en los 230 días hábiles transcurridos en el 2007, Alberto Fernández llevaba firmadas nada menos que 98 modificaciones de lo que fuera la "ley de leyes" a través de decisiones administrativas: un promedio de dos por semana.

En realidad, la decisión administrativa fue publicada el 27 de noviembre pero con fecha del 22, es decir, el mismo día de la media sanción del presupuesto del año que viene en Diputados, en la archiconocida puesta en escena en la que los legisladores oficiales defienden la iniciativa del gobierno y los de la oposición la critican.

La decisión administrativa y el debate presupuestario configuran las dos caras de una misma moneda: una ley que deliberadamente subestima el crecimiento, los gastos y los recursos para que a posteriori desde el gobierno se resuelva su ampliación sin pasar por el Congreso.

La advertencia en ese sentido ya había sido realizada en octubre del 2006 por el diputado Claudio Lozano. Con el arrastre estadístico proveniente del año anterior, resultaba una contradicción presentar para el 2007 un aumento del PBI del 4% y mostrarlo como una señal del crecimiento económico. O las cifras estaban subestimadas o se preveía una recesión. Por entonces nadie del oficialismo se molestó en responder, quizá por no tener argumentos sólidos para rebatir la denuncia. Un año después, la situación se reiteró de tal manera que el diputado Esteban Bullrich sugirió que se incluyera su discurso del 2006. También se parte de un supuesto de crecimiento del PBI del 4% y se asegura que la actividad económica continuará en alza. El aparente contrasentido tiene una razón ya señalada: si el crecimiento es mayor al previsto y en consecuencia también lo son los recursos, se abre la posibilidad cierta de autorizar más gastos con posterioridad. Y con la modificación a la ley de Administración Financiera, esa facultad ni siquiera requiere de un decreto de necesidad y urgencia.

Al respecto, el diputado oficialista Agustín Rossi intentó desacreditar las críticas al señalar que en lo que va del 2007 "sólo" se promulgaron siete DNU.

En primer lugar, cabe señalar que la cantidad de instrumentos sean decretos o decisiones administrativas no es relevante, si se recuerda que con una sola decisión administrativa se amplió el presupuesto en casi 12.000 millones de pesos.

Pero, por otra parte, con la mencionada modificación de la ley de Administración Financiera los DNU ya no son tan necesarios como años atrás. Basta al respecto recordar las 98 decisiones administrativas que modificaron el presupuesto del presente ejercicio y las que pueden seguir emitiéndose. Todavía en febrero del 2007 se publicaban decisiones que modificaban el presupuesto del 2006, lo que da la pauta de lo relativo del prefijo "pre" para ciertos funcionarios.

La suma de modificaciones a través de DNU y DA representa, en lo que va del año, 24.489 millones de pesos, el 22% de los créditos originales. Cumplidos ya casi en su totalidad los presupuestos aprobados durante la presidencia de Néstor Kirchner (el del 2003 fue sancionado durante la gestión de Eduardo Duhalde), queda en evidencia que en el cuatrienio 2004/2007 la subestimación de recursos alcanzó los 57.000 millones de pesos. O, lo que es lo mismo: el presupuesto de medio año no fue aprobado por el Poder Legislativo.

Si se intenta comprender las razones que llevan al gobierno a abusar de un instrumento excepcional, son pocas las respuestas convincentes.

" La imposibilidad de contar con la aprobación parlamentaria de un presupuesto afín a las ideas del oficialismo debe ser descartada, si se tiene en cuenta el dominio de las dos cámaras por parte del kirchnerismo. Un dato ilustrativo al respecto: el tratamiento en particular del proyecto 2008 en Diputados demandó dos horas y diez minutos.

" Que el crecimiento haya superado las expectativas tampoco es creíble, luego de cuatro años consecutivos en los que todos los analistas económicos (y el propio oficialismo en sus discursos) advirtieron que la evolución real del PBI superará la pauta presupuestaria en casi el doble.

" El argumento de la "lentitud" del Congreso es relativo, si se tiene en cuenta que desde diferentes entidades (ASAP, CIPPEC, entre otras) se aportaron ideas para formar una oficina técnica bicameral que abordara el seguimiento presupuestario con la capacidad y celeridad suficientes para evitar inconvenientes.

" Que las ampliaciones no sean "políticamente simpáticas" para ser sometidas a un debate público puede ser parcialmente cierto. Gran parte de esos incrementos es para autorizar la importación de combustibles que denota la crisis energética que el gobierno se empecina en negar. Lo que no se entiende es que en el mismo paquete se incluya el aumento de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. ¿Acaso alguien del gobierno cree que una medida de esa naturaleza puede ser objetada por un legislador, por más acérrimo opositor que sea? Por lo visto, las subestimaciones no son solamente de recursos tributarios.

MARCELO BÁTIZ (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Periodista económico