El diputado nacional, Eduardo Macaluse, y la legisladora porteña, Liliana Parada, ratificaron ayer ante la Justicia federal sus denuncias por intervenciones ilegales a líneas telefónicas de políticos y legisladores nacionales y reclamaron que se cite a declarar al titular de la SIDE, Héctor Icazuriaga.
Macaluse y Parada concurrieron ayer al juzgado federal de Claudio Bonadío, quien investiga la denuncia, y solicitaron que se pida el expediente de una causa abierta en Campana, que meses atrás permitió descubrir el aparato de escuchas telefónicas que sacó a la luz el escándalo.
La causa de Campana, iniciada a raíz de una denuncia por amenazas al responsable del Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya, llevó a la Justicia a una empresa telefónica de Garín donde se encontró un aparato con capacidad para intervenir cientos de líneas y la inscripción "Judiciales-Avenida de los Incas", una organismo interno de la SIDE.
En declaraciones a la prensa, Macaluse destacó la "gravedad" de las escuchas, y afirmó que "queremos saber si hubo una orden política" para espiar conversaciones, con "fines de persecución ideológica, o si "hay gente que viene educada desde el Proceso para hacer escuchas que atañen no sólo a dirigentes de la oposición sino también del oficialismo".
Precisó que "no queremos dejar pasar esto como algo natural, porque es gravísimo", al tiempo que aclaró que la denuncia "no la queremos convertir en una puja partidaria sino en una decisión institucional de defender que los poderes públicos puedan funcionar sin interferencias". Parada agregó que se pretende la apertura de los archivos de la Secretaría de Inteligencia referidos a intervenciones telefónicas.
La legisladora porteña dijo que pidieron al juez Bonadío que cite a declarar al titular de la SIDE, Héctor Icazuriaga, y al subsecretario, José Larcher. "A 25 años de democracia todavía pareciera que el espionaje no se termina, es alarmante", agregó.
