SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El intendente a cargo Marcelo Cascón decidió promulgar la ordenanza que establece un nuevo régimen municipal de obras públicas, a pesar de que en los últimos días fue defenestrada por otros funcionarios del Ejecutivo.
También habían expresado su rechazo la Cámara de Comercio, el Colegio de Arquitectos, el Consejo de Ingeniería y las empresas constructoras que son contratistas del Estado.
Cascón se negó a vetar la norma y explicó que todas las objeciones y planteos que existen "se podrán canalizar en la reglamentación de la ordenanza, para lo cual el Ejecutivo tiene un año de plazo". Admitió que la discusión entablada no pasa sólo por cuestiones técnicas sino que tiene también componentes "políticos".
El secretario municipal de Obras Públicas, Juan Carlos Álvarez, manifestó su rechazo a la norma, que el Concejo Municipal sancionó por unanimidad, con el apoyo incluido del bloque oficialista. También expuso su rechazo el director de Obras por Contrato y dirigente del SOYEM, Oscar de Paz.
Ambos explicaron que no quieren la ordenanza aprobada ni ninguna otra y prefieren seguir aplicando la antigua ley provincial 286 como lo hicieron hasta ahora.
Cascón afirmó que en ese punto tiene diferencias concretas con Álvarez y de Paz, porque considera indispensable que el municipio tenga su propia normativa.
"Si la ordenanza tiene falencias se podrán salvar en la reglamentación o bien con otra ordenanza, pero el municipio en este tema necesita contar con una normativa propia", explicó.
Si Cascón firmaba el veto se exponía a ser desautorizado por los ediles, varios de los cuales se mostraron dispuestos a ratificar la ordenanza con una mayoría especial de dos tercios.
Pero Álvarez está tan empeñado en su rechazo que ya anticipó su voluntad de pedirles a los futuros concejales una inmediata derogación de la norma. Esto a pesar de que en 10 días dejará la secretaría de Obras Públicas.
Los ingenieros Roberto Ahumada, Alejandro Dalla Cía y el arquitecto Francisco Rodríguez Vida aseguraron que la norma es "un engendro" y contiene "falencias desde el punto de vista jurídico, legal y contable".
El concejal Diego Breide, autor de la ordenanza, desmintió esa afirmación y dijo que esas condiciones son para las licitaciones públicas, pero no para los concursos de precios o licitaciones privadas que el municipio emplea para las obras de menor envergadura.
Explicó también que en adelante el gobierno municipal deberá constituir un registro propio de empresas habilitadas, que hasta hoy no existe.
