VIEDMA (AV)- Un nuevo procedimiento para concursos de jueces y un mecanismo más flexible en las exigencias de residencia entre aspirantes a esos cargos, tuvo curso favorable ayer durante la sesión legislativa.

La reforma incluirá la apertura de un proceso de consulta pública sobre los aspirantes, pudiendo opinar los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, entidades académicas y de derechos humanos.

Todas las candidaturas podrán ser impugnadas, de acuerdo a lo aprobado en forma unánime durante el tratamiento en primera vuelta legislativa. En una segunda instancia, el proyecto podría tener modificaciones, informó Daniel Sartor (UCR), autor de la iniciativa y miembro actual del Consejo de la Magistratura de Río Negro, en representación del parlamento.

Los cargos en juego serán verificados por un jurado examinador con la presidencia de un miembro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) más una nómina integrada por cinco titulares -y sus respectivos suplentes- del Poder Judicial, colegios de abogados y representantes del Poder Legislativo.

Los aspirantes tendrán que rendir un examen de oposición de carácter obligatorio y excluyente. Asimismo, serán sometidos a pericias médicas y psicológicas.

De esta manera quedarán sujetos a este tipo de designaciones, cuando se produzcan vacantes, los cargos de jueces del ST J, magistrados y la Procuraduría General.

Con estas modificaciones se acordó suspender los concursos que estaban en trámite a fin de permitir la aplicación de la nueva norma.

En el mismo paquete, se aprobó también en primera vuelta legislativa, la eliminación del requisito de dos años de residencia en la provincia.

Este requisito podrá ampliar el espectro de postulantes, según la propuesta del legislador Oscar Machado (UCR), extendiéndose el listado a jueces, magistrados y funcionarios judiciales.

Sartor destacó además que el mecanismo favorecerá la igualdad de oportunidades y la idoneidad de sus postulantes, como paralelamente, "se busca dar mayor cobertura a las inquietudes de la sociedad".

En la misma dirección, Gustavo Costanzo (PJ) puso de manifiesto que estos nuevos requisitos "reducen el margen de discrecionalidad" en el nombramiento de funcionarios de ese Poder. Solicitó abrir el abanico de opiniones aún más como para escuchar nuevas opiniones sobre el proyecto y así puedan tratarse en segunda vuelta.

Por el bloque Encuentro, Luis Di Giacomo, aportó una serie de sugerencias para que las futuras sesiones de nombramientos sean públicas y no cerradas como lo establece el texto original de lo votado ayer, haciendo referencia a un pedido de "transparencia" por parte de la agrupación Familiares del Dolor.