NEUQUÉN (AN) - Para la petrolera Repsol YPF, Neuquén no tiene jurisdicción para juzgar el cumplimiento de un contrato firmado por la Nación y ejecutado, en el tramo que está en discusión, cuando la denominada "ley corta", de transferencia de los recursos a las provincias, no estaba sancionada. Eso responderá cuando haga su descargo contra el anuncio del gobierno de Jorge Sobisch de dar por caída la prórroga de Loma de la Lata.

Ayer el gobierno neuquino hizo del trámite de presentación del expediente a Repsol un hecho político porque envió al secretario de Energía, Eduardo Carbajo, con los papeles. El funcionario consideró como un acto de presión y amenaza el intento de recusarlo de la compañía, que considera que el funcionario había prejuzgado.

El gobierno de Jorge Sobisch le imputa a Repsol YPF un incumplimiento en el compromiso de inversiones asumido al momento de otorgar la prórroga de la concesión del yacimiento de gas de Loma de la Lata.

En un principio se presentó como una decisión tomada, pero hubo un cambio en el gobierno cuando se percató de que no hay procedimiento en el que la otra parte no pueda apelar para defenderse. Y que ello podía traerle serios problemas. Por eso, trató de borrar los vestigios de la posición originaria.

El que presentó Repsol "fue un recurso agraviante e increíble, porque me presiona para que me calle la boca, me amenaza con hacerme denuncias penales y civiles, y no me voy a callar la boca estando en la función y tampoco

fuera de la función. Este tipo de amenazas a mí no me asusta", dijo Carbajo en la vereda de las oficinas de Repsol en Neuquén, hasta donde fue con cientos de papeles que -dijo- respaldan la posición oficial.

Al decir que se trataba de una decisión política que estaba tomada y que influiría el futuro del negocio petrolero en la provincia, "estaba impidiendo la posibilidad de defensa de la empresa", le dijo anoche un portavoz de la empresa a "Río Negro".

El vocero de Repsol también aclaró que, en su descargo, advirtió sobre el posible inicio de acciones contra Carbajo porque con sus imputaciones el secretario de Energía podía "hacerle un daño a una empresa que cotiza en Bolsa".

En las extensas declaraciones de Carbajo, realizadas en tono tenso, el neuquino recordó que la secretaría de Energía de la Nación le dio autorización para auditar el cumplimiento del contrato. Nada dijo sobre la delegación de la facultad de dar por caído el convenio.

Según el razonamiento de la compañía, el acuerdo fue firmado en el 2000 y el período bajo análisis se extiende hasta el 2005. Son plazos anteriores a la sanción de la "ley corta", lo que para Repsol es motivo suficiente para sostener que debe ser la secretaría de Energía de la Nación la que decida sobre el cumplimiento de este primer tramo del acuerdo.

"Hasta ahora no hubo planteos" de la cartera nacional que conduce Daniel Cameron, hizo notar el vocero de Repsol YPF.