SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El juez Martín Lozada dictó el procesamiento de seis comisarios y dos suboficiales de la Policía rionegrina, a quienes les atribuye el delito de "estafa por abuso de confianza", que habrían cometido en perjuicio de un centenar de compañeros de armas.

Los procesados por Lozada son los comisarios generales Mario Daniel Capra y Jorge Galera, el comisario mayor Mario César Aciar, los comisarios Daniel Navarro y José Armando Chávez, y los suboficiales Luis Jiménez y María Angélica Boi, todos en situación de retiro.

El único procesado que todavía está en actividad y presta servicios en la división Judiciales de la jefatura de Policía, en Viedma, es el comisario inspector Julio César Hernández.

La causa penal, y otra civil, se iniciaron con la denuncia formulada por los policías retirados Elbio Daniel Martínez y Julio César Paz, vecinos de esta ciudad, quienes, entre otros conceptos, indicaron que en 1986 se constituyeron las asociaciones civiles "Dina Huapi A" y "Dina Huapi B", cada una integrada por 50 miembros de la Policía rionegrina, en actividad o retirados, con el objetivo de construir un número igual de viviendas, bajo el régimen de propiedad horizontal.

Esas viviendas iban a emplazarse en la localidad de Dina Huapi, sobre un terreno de casi cinco hectáreas que en octubre de 1988 les había vendido el Gobierno provincial, en condominio y por partes iguales a los dos consorcios, en el marco de una operatoria del Banco Hipotecario Nacional, pero cuando el proyecto había superado todas las instancias requeridas esos créditos hipotecarios fueron suspendidos.

Diez años después la Comisión de Fomento de Dina Huapi intimó a los consorcios mencionados al pago de una deuda por tasas impagas que ascendía a algo menos de 7.500 pesos, y trabó embargo sobre los terrenos, en una causa que se tramitó en el juzgado en lo Civil 1 con la carátula "Comisión de Fomento Dina Huapi c/Consorcios personal policial Dina Huapi s/ejecución fiscal".

En ese expediente, de acuerdo al procesamiento, en marzo de 2002 se realizó un acuerdo entre los consorcistas y la Comisión de Fomento, representados respectivamente por los abogados Miguel Reto y Juan Carlos Garrafa, en el cual los primeros reconocieron la existencia de la deuda, que fue calculada en algo más de 20 mil pesos, con intereses e incluso las tasas por vencer hasta junio de 2003.

Por esa deuda, Reto entregó aproximadamente 37.000 metros cuadrados a la Comisión de Fomento, y los casi 10 mil metros restantes se los repartieron entre los ocho procesados y el propio Reto, receptor del lote de 1.100 metros cuadrados este último, en concepto de honorarios por su intervención.

Los denunciantes sostuvieron que los procesados se reunieron en asamblea de modo furtivo y a espaldas del resto de los consorcistas, con el objeto de nombrar nuevas autoridades, para constituirse de ese modo en autoridades de los consorcios y, al día siguiente, en el marco de una segunda asamblea, repartieron el remanente de terreno en provecho propio.

Al dictar el procesamiento el juez Lozada consideró provisoriamente comprobado que los imputados llevaron a cabo una maniobra defraudatoria en contra de los intereses de los consorcistas y