La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió ayer en un rápido trámite dictamen de mayoría favorable a la prórroga hasta fin de diciembre de 2008 de la Emergencia, que el oficialismo espera aprobar este martes en una sesión especial.
De esta forma, la llamada "ley de Emergencia" sancionada originalmente el 6 de enero de 2002, será, por quinta vez, prorrogada por el Parlamento a pedido del Poder Ejecutivo, pese a las críticas de la oposición que sostiene que ya no hay motivo para que el estado de excepción se prolongue en el tiempo.
El proyecto que tuvo dictamen, sin embargo, fue presentado el miércoles por el diputado Dante Dovena (FPV- Buenos Aires) porque en el Senado el oficialismo no pudo alcanzar los dos tercios de votos que necesitaba para tratar en el recinto sobre tablas el proyecto que había enviado por la mañana el Ejecutivo.
El despacho de la comisión de Presupuesto de Diputados, que preside Carlos Snopek (FPV- Jujuy) fue apoyado por los diputados del Frente para la Victoria.
La UCR, sólo representada por Miguel Ángel Giubergia y Silvia Lemos, anticipó que presentarán un dictamen de minoría y el interbloque PRO, por la voz de Rafael Martínez Raymonda, dijo que firmaba el dictamen en disidencia total.
La idea del bloque oficialista que conduce Agustín Rossi es que el proyecto para prorrogar la emergencia sea tratado el martes en una sesión especial de modo que el Senado pueda considerarlo el miércoles y convertirlo en ley.
La medida fue defendida por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien insistió en destacar que la Casa Rosada nunca ha tenido "un manejo abusivo respecto de las facultades extraordinarias y tampoco de la mal llamada de ley de superpoderes".
En diálogo con radio 10, al reivindicar la iniciativa impulsada en el Parlamento, Fernández subrayó que el gobierno de Néstor Kirchner "nunca ha hecho un uso discrecional" de las facultades extraordinarias y expresó que "el Congreso siempre ha podido controlarlas".
El funcionario sostuvo que esa prórroga está relacionada con la necesidad de "preservar aspectos de la economía" en "cuestiones casi de manejo cotidiano".
De aprobarse, el Ejecutivo tendría la facultad de negociar y firmar en forma directa los nuevos contratos con las privatizadas sin que los mismos sean debatidos en el Parlamento. De no existir esa situación, el Gobierno, antes de firmar, debería remitir al Congreso los contratos para que se aprueben en ambas cámaras.
