SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Régimen Municipal de Obras Públicas sancionado por ordenanza días atrás chocó con la abierta oposición de los funcionarios del área, quienes pidieron al intendente a cargo, Marcelo Cascón, que la vete porque es "innecesaria y confusa".
Hasta ahora el municipio ajusta la licitación y contratación de sus obras públicas a lo reglado por la Ley provincial 286 y sus modificatorias posteriores, que componen a esta altura un marco normativo indescifrable para quien no tenga una experiencia de años en el tema.
Los concejales aprobaron por unanimidad el pasado 10 de noviembre el nuevo sistema regulatorio para la contratación de obras públicas, que comenzaría a regir en breve.
Hasta ayer al mediodía Cascón no había anticipado cuál será su decisión final. Pero aun si encontrara razonables las objeciones enfrentará un conflicto político inevitable. De producirse el veto de la norma los concejales se mostraron dispuestos a insistir con una mayoría especial de 2/3 y forzar su promulgación.
El secretario de Obras Públicas, Juan Carlos Álvarez, y el director de Obras por Contrato, Oscar de Paz, aparecieron junto a las cámaras empresarias y los colegios profesionales en la primera línea de resistencia a la ordenanza.
Sin embargo, Álvarez no acudió jamás al Concejo a exponer su posición durante los dos años en los cuales el proyecto fue analizado en comisión.
Así lo indicó la concejal Sandra Guerrero, quien consideró "insólito" que el Ejecutivo prefiera desechar la ordenanza y seguir manejándose con una ley provincial.
"Eso fue lo que quedó en evidencia en la reunión que pidieron el miércoles: ellos no quieren esta ordenanza ni ninguna otra y eso es imposible", dijo Guerrero. Adelantó también que de existir un veto, "la voluntad es insistir con el texto original".
La ordenanza crea un registro municipal de empresas ejecutoras de obras (en lugar del registro provincial vigente hasta hoy, que deja afuera a las pequeñas empresas locales) y regula en detalle el mecanismo de las licitaciones públicas.
Álvarez dijo que la ordenanza "agrega burocracia, es confusa y contradictoria". Dio a entender que es mucho lo que hay en juego porque en caso de que la ordenanza quede promulgada tiene previsto pedir a los futuros concejales su inmediata derogación. Esto a pesar de que Álvarez dejará el cargo el 10 de diciembre.
El funcionario dijo que "el discurso del municipio autónomo cae bien en la comunidad, pero en esta caso la ordenanza no hace falta, porque la ley provincial funciona perfectamente y es necesaria alguna adaptación a las particularidades de Bariloche se trabajan en la redacción del pliego".
