SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El 24 de julio de 2004, los denunciantes de la maniobra objetada y varios consorcistas más, informaron y pidieron la intermediación del entonces secretario de Seguridad, Jorge García Osella, para evitar el enfrentamiento de policías contra policías por la maniobra que se había realizado a sus espaldas. "Parecería que quienes no hemos integrado este selecto grupo nos hemos quedado en la calle", expusieron los afectados, y le comunicaron que quince de ellos, residentes en esta ciudad, ya habían contratado a un estudio jurídico para que los patrocine en su demanda.

Héctor Mario Gadea y Miguel Landa también pidieron, en una nota elevada a la Inspección General de Justicia, que se declararan inválidos los actos de enajenamiento de parte del inmueble y el reparto de la parte restante.

Allí denunciaron que el 13 de agosto de 2003, los ocho procesados fueron los únicos asistentes a la asamblea se llevó a cabo en las oficinas de la escribana Daniela Chávez, ubicada en Villegas 310, donde quedó documentado el acto objetado, dado que eligieron nuevas autoridades de los consorcios entre los presentes, que eran los mismo ocho policías.

Agregan que al día siguiente los ocho, ya autoridades de ambos consorcios, aprobaron la gestión llevada a cabo por Reto, y se repartieron los 10.000 metros restantes divididos en 9 lotes.

No innovar

Al tomar conocimiento de la maniobra, los denunciantes contrataron a los abogados Juan Manuel García Berro y Juan Carlos Rojas y se presentaron en el expediente por tasas impagas, donde solicitaron y lograron una medida de no innovar, para evitar que los ocho policías y Reto inscribieran los terrenos a sus nombres, lo que les permitiría enajenarlos a terceros de buena fe. La medida consistió además en una demanda de nulidad de actos jurídicos, que apunta de manera concreta al pago efectuado por Reto, que a juicio de los accionantes es 25 veces mayor a la deuda que les reclamaban.