El dictador Jorge Rafael Videla, de 82 años, y otros 16 ex jefes militares del último gobierno de facto serán sometidos a juicio oral y público por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el marco del Plan Cóndor, el operativo de coordinación represiva en los países del Cono Sur.

Fuentes judiciales informaron ayer que así lo resolvió el juez federal Sergio Torres al clausurar la etapa de instrucción en la causa penal 13.445/01 y elevarla a la instancia del debate en audiencias frente a un tribunal con los acusados en el banquillo, más la fiscalía, la defensa y la querella.

Junto a Videla, que cumple detención domiciliaria por esta y otras causas, irán a juicio el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides; el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, el ex ministro del Interior Eduardo Albano Harguindeguy y el ex ministro de Planificación Ramón Díaz Bessone.

La lista de enjuiciables se completa con Antonio Vañek, Santiago Omar Riveros, Eduardo Daniel De Lío, Carlos Humberto Caggiano Tedesco, Juan Pablo Saá, Carlos Tragant, Bernardo Menéndez, Jorge Carlos Olivera Rovere, Antonio Guañabens Perelló, Carlos Landoni y Ernesto Arturo Alais.

Este último cobró notoriedad pública en 1987 cuando era jefe del Segundo Cuerpo de Ejército y recibió la orden del entonces presidente Raúl Alfonsín de sofocar una rebelión de los militares carapintadas, pero la columna de tanques que comandaba paraba en el camino y nunca llegó a destino.

A todos aquellos militares de alta graduación se los acusa de la desaparición forzada y asesinatos de 72 personas en distintos números de hechos y grados de participación, entre ellas de la veinteañera embarazada María Claudia Irureta Goyena García de Gelman, nuera del poeta Juan Gelman.

Este expediente fue iniciado por el ex juez federal Adolfo Bagnasco y cuando éste renunció pasó por las manos de sus colegas Jorge Urso, Guillermo Montenegro y Torres, que también instruye la denominada "megacausa Esma".

La Cámara Nacional de Casación Penal concedió la excarcelación de todos los procesados, excepto a Videla, que nunca la solicitó.

El año pasado la Cámara Federal había impuesto a los imputados las figuras de "privación ilegal de la libertad y asociación ilícita agravada", por entender que se puso "en peligro la vigencia de la Constitución".

Según organismos de derechos humanos, unas 30.000 personas desaparecieron durante la dictadura argentina, en tanto otras decenas de miles fueron asesinadas, despedidas de sus empleos, censuradas o exiliadas.

(DyN y AFP)