El gobierno de Evo Morales contestó ayer al paro opositor con la promulgación de la renta universal a la vejez, la expropiación de tierras para los guaraníes en Chuquisaca y la decisión del Congreso de facultar a la Asamblea Constituyente a que sesione fuera de Sucre. Mientras, la estrategia de los contrarios al gobierno también parece radicalizarse.

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic, promotor del paro contra el gobierno, afirmó: "Vamos a seguir nuestra resistencia civil en contra de un gobierno antidemocrático". "Dos tercios del país le dicen no al atropello de Evo Morales", afirmó en relación con el paro dispuesto en Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando.

Por su parte, el ex presidente Jorge Quiroga, líder del principal partido de oposición, Poder Democrático y Social (Podemos), advirtió que pedirá "el concurso de la comunidad internacional para que retorne la democracia que hoy no existe en Bolivia".

La tensión entre las regiones opositoras y el gobierno ha sido constante desde que Morales asumió en enero del 2006.

Pero los ánimos se caldearon aún más cuando el sábado la Constituyente, que en 15 meses no había logrado acuerdo ni siquiera para un artículo, se reunió en una sede militar de Sucre y aprobó a mano alzada una Carta Magna de 408 artículos, decisión aplaudida por Morales.

El analista político independiente Diego Ayo señaló a la AFP: "De ser un país con consolidación institucional, aunque frágil, pasamos a un quiebre absoluto que puede tener consecuencias imprevisibles sobre el enfrentamiento desmedido". "La actitud del gobierno es absolutamente vertical y absolutamente impositiva. Está clara la estrategia del gobierno de implementar todo a la fuerza", dijo, señalando al mismo tiempo que las regiones opositoras tienen un espíritu conspirador y radical. (AFP)