Miércoles 28 de Noviembre de 2007 Edicion impresa pag. 14 > Regionales
Instalarán cajeros, pero los mantendrá la provincia
Son seis y estarán en localidades que hoy no tienen. La conservación de cada uno cuesta $ 15.000 por mes.

VIEDMA (AV).- El Banco Patagonia instalará seis cajeros automáticos desde diciembre próximo y en forma progresiva, según un acuerdo conseguido ayer en el marco de un amparo presentado por casi un centenar de clientes damnificados. Así, la atención llegará a Cervantes, Fernández Oro, Comallo, Contralmirante Cordero, Ministro Ramos Mexía y Sierra Colorada.

El compromiso quedó plasmado en un acta labrada en el Superior Tribunal de Justicia privilegiándose inicialmente a Cer- vantes desde el 10 de diciembre próximo.

En 60 días corridos, se repetirá la misma instalación en Fernández Oro.

Luego el cronograma seguirá durante los primeros meses del 2008 en Comallo, Cordero, Ramos Mexía y Sierra Colorada.

Las discusiones se extendieron por espacio de dos horas bajo la presidencia del doctor Víctor Hugo Sodero Nievas, y la asistencia de la representante de la entidad financiera, Silva Robino, y la legisladora Magdalena Odarda como abogada de los damnificados, entre otros.

El agente financiero de la provincia planteó durante las negociaciones una serie de impedimentos para hacerse cargo del mantenimiento mensual, de unos 15.000 pesos por cada cajero. Por lo tanto, el abogado del Ministerio de Hacienda, Luis Prieto Taberner, ofreció una solución con una serie de ahorros que se producirían sobre cuentas públicas que no tienen demasiado movimiento, y con unos 70.000 pesos de reserva, se podría poner en marcha el operativo.

El proyecto fue puesto a consideración, lo que finalmente se aceptó desde la representación empresarial.

En el acta se dejó constancia que la habilitación se producirá en la medida que se produzcan esos ahorros dentro del contrato financiero actual entre la provincia de Río Negro y el Banco Patagonia.

En un plazo de 180 días se producirá un informe sobre los resultados alcanzados por el sistema, cuyos fondos de existir, serán afectados exclusivamente al objeto del amparo.

La puja judicial data de dos años atrás a partir de una acción colectiva interpuesta por la legisladora Magdalena Odarda en representación de 70 personas, y con un respaldo de 1.300 firmas. La primera audiencia de conciliación se concretó en diciembre del año pasado y recién se alcanzaron coincidencias casi un año después.

La medida cautelar había sido solicitada ante casos de iniquidad, injusticia y vulneraciones de las autonomías económicas municipales y los derechos de los trabajadores públicos.

Odarda indicó a "Río Negro" que si el banco no cumple solicitará al tribunal la imposición de multas.

También participaron de la audiencia el abogado de la Fiscalía de Estado, Cosme Nacci y el presidente de la Comisión de Fiscalización de los Servicios Financieros y Bancarios, Adrián Torres.

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