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Juicio administrativo al subcomisario que se negó a liberar la zona | ||
Zambrano fue acusado de incumplir el reglamento de disciplina. "Me enorgullezco de lo que dije", afirmó | ||
NEUQUÉN (AN).- El subcomisario Mario Zambrano, uno de los que se negó a liberar la zona en Plaza Huincul cuando supuestos obreros de la UOCRA atacaron a un grupo de docentes, será sometido hoy a un juicio administrativo en la Jefatura de Policía. Lo acusan de no mantener el decoro que corresponde a un uniformado y de vulnerar supuestos hechos que debían mantenerse en reserva. En realidad el juicio parece un castigo contra Zambrano por haber desobedecido órdenes de sus superiores en los hechos ocurridos el 30 de marzo del año pasado, a los que además denunció. "Me enorgullezco de lo que dije, porque me dignifica y dignifica a la Policía; tiene que ver con la confianza pública en la institución", afirmó ayer el subcomisario a "Río Negro". El juicio administrativo se realizará desde hoy a las 8:30 en la Jefatura y es similar al que le hicieron a mitad de año al comisario inspector Luis Morales, otro de los que se negó a liberar la zona. De esa instancia Morales salió absuelto aunque luego lo pasaron a retiro obligatorio. El tribunal estará integrado por los comisarios mayores Víctor Elgueta, Ricardo Funes y Mario Torres, el fiscal será el comisario inspector Daniel Zapata y como defensor actuará el comisario inspector Máximo Retamal, quien al parecer tiene algún problema de salud y se duda de su presencia. Zambrano está en disponibilidad y cobra sólo un porcentaje de su sueldo desde marzo del 2006, pese a que la ley establece como tope 90 días prorrogables por igual plazo. "Es un castigo anticipado", afirmó el subcomisario. Por otra parte reveló que en la causa penal en la que es denunciante, hay un pedido fiscal de indagatoria contra el ex jefe de la Policía, Carlos Zalazar, y el ex subjefe, Moisés Soto. Serían quienes dieron la orden de no intervenir para que los supuestos obreros de la UOCRA, entre los que había punteros del MPN, otros policías y hasta sujetos con antecedentes delictivos, pudieran desalojar a los docentes que cortaban el acceso a la destilería en el contexto de un plan de lucha. Días después el gobernador Sobisch admitió que la orden de liberar la zona la había dado él. Los pedidos de indagatoria fueron formulados por la fiscal María Célica González y deben ser resueltos por el juez Marcelo Benavides. Zambrano intentó ser querellante en esa causa pero su pedido fue rechazado. Según dijo ayer, todas las pruebas y testigos que ofreció para el juicio administrativo le fueron rechazados por el tribunal policial. | ||
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