El director del Instituto de Desarrollo Social Argentino (Idesa), Osvaldo Giordano calculó ayer en 8.000 millones de pesos la suma que la Anses deberá pagar anualmente para adecuar los haberes de los jubilados a los parámetros que fijó la Corte Suprema de Justicia, más la retroactividad que deberá atender por los años caídos desde el 2002 al 2006.

El especialista señaló que "este fallo pone justicia, ya que era abusiva la manera que se estaba manejando la situación desde el Estado para este grupo de gente".

Para Giordano, lo que se busca reparar es "la desproporción del ajuste" de los haberes del litigante, "que entre el 2002 y el 2006 sólo creció 11%, cuando el índice de inflación fue de 100%".

En un fallo anterior, la Corte le había pedido al Legislativo que tome en cuenta esta diferencia y le otorgó un tiempo prudencial y en éste señala que ese tiempo pasó y fija un criterio de compensación, a través del Índice Salarial que releva el INDEC.

"Que sea el Congreso el que fije la regla de ahora en más y que hacia el futuro tome en cuenta este aspecto es positivo, pero no necesariamente los legisladores deben seguir esa línea", advirtió.

Según su criterio, "el tema sigue abierto y el Tribunal no impone el salario como variable ante el vacío y el hecho que no le prestaron atención al pedido anterior".

Criterios

En cuanto al modo de calcular los ajustes, Giordano expresó que a su juicio, "no necesariamente" la ley que la Corte le pide al Congreso debería considerar la movilidad de los salarios, sino que el criterio "debería contemplar la particularidad que tiene el sistema previsional de recibir fondos desde otros orígenes, ya que todos los ingresos no están atados al salario".

En cuanto a los juicios, el experto señaló que "se habla de 50.000 personas, pero el número total afectado por estas causas de movilidad podrían ser unos 700.000. El resto de la Justicia tomará este fallo como referencia, pero siempre están los topes o trabas que pondrá la Anses para demorarlos".

En relación al costo fiscal, estimó que implica "una cifra enorme, de magnitudes relevantes" y la calculó en "un aumento de 8.000 millones anuales, más allá de la deuda generada por este no pago de estos años". (DyN)