El canciller uruguayo, Reynaldo Gargano, denunció ayer que el municipio de Gualeguaychú realiza un "pago mensual" a la Asamblea Ambiental de esa ciudad para que bloquee los pasos que comunican a ambos países, como forma de protesta contra la instalación de la papelera Botnia en Fray Bentos.

"Varios uruguayos han sido afectados por la problemática que ha creado la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, que recibe un pago mensual de parte del gobierno de la ciudad para poder enviar cuatro o cinco personas a los pasos de frontera y cerrarlos", afirmó el diplomático.

Gargano aludió así al corte de ruta que mantienen los asambleístas entrerrianos desde hace más de un año en el puente internacional General San Martín, que comunica a Gualeguaychú con la localidad uruguaya de Fray Bentos.

El canciller se refirió al cierre de la frontera ordenado por el presidente Tabaré Vázquez el fin de semana pasado como medida preventiva por las manifestaciones previstas contra la fábrica.

"Es nuestra responsabilidad adoptar las medidas concretas que aseguren que no haya ningún inconveniente para nadie y que la planta siga funcionando, demostrando que no contamina", subrayó Gargano.

"Uruguay actuará de la forma que entienda más correcta en cada circunstancia, no hay un sólo método, sino varios, y el gobierno está unido para preservar las garantías, desde el ministerio de Defensa al del Interior, incluyendo Relaciones Exteriores", indicó.

El gobierno de Tabaré Vázquez dispuso el lunes la reapertura de los pasos Paysandú-Colón y Salto-Concordia, pero no así Fray Bentos-Gualeguaychú.

Gargano descartó que medidas de esta naturaleza conspiren contra el elevado flujo de turistas argentinos que llegan anualmente a Uruguay durante la temporada estival.

"Los informes del sector privado dan cuenta que el 75 por ciento de las reservas hoteleras para el próximo verano pertenecen a ciudadanos argentinos", concluyó. (AFP y DyN)