A juzgar por los métodos empleados por Morales, el aliado predilecto del venezolano Hugo Chávez que también quiere dotar a su país de una Constitución nueva que le permita eternizarse en la presidencia, están en lo cierto sus adversarios que lo acusan de querer establecer un Estado totalitario en el que, so pretexto de estar luchando contra una "oligarquía" inescrupulosa respaldada por el imperialismo yanqui, el régimen procura reprimir todos los síntomas de disenso. En el caso de Bolivia, tal pretensión se nutre del rencor comprensible que siente la mayoría indígena que desde la conquista se ha visto marginada del poder y que, como es natural, quiere aprovechar su predominio numérico. Con todo, si bien puede entenderse la voluntad de dirigentes como Morales de poner fin a siglos de injusticia y de reivindicar ciertas tradiciones de los pueblos precolombinos, esto no quiere decir que su forma de hacerlo sea compatible con la democracia republicana. Tampoco puede considerarse tolerable hoy en día la pretensión de permitir la llamada "justicia comunitaria" en las zonas indígenas, legitimando prácticas primitivas como la muerte por lapidación de mujeres adúlteras. Lo comprendan o no los partidarios de modalidades culturales ajenas a nuestra civilización, los derechos humanos tales y como están consagrados por las Naciones Unidas no son privativos del Occidente sino que tienen que ser universales.

Por ser tan profundas las grietas entre las distintas clases sociales y grupos étnicos que conforman Bolivia, siempre ha estado latente el riesgo de que un esfuerzo por mejorar la condición de un sector determinado desate conflictos secesionistas que desemboquen en la fragmentación del país. En efecto, el relativamente rico departamento de Santa Cruz y los de de Oruro, Pando, Tarija y Beni quieren más autonomía. Aunque Morales dice estar dispuesto a respetar los resultados de un referendo en tal sentido que se celebró a mediados del año pasado, también impulsa la autonomía de comunidades indígenas con el propósito de reducir los poderes de los gobernadores departamentales, lo que ha servido para fortalecer aún más los movimientos secesionistas al convencer a sus líderes de que les será imposible llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio con el gobierno actual.

Como es natural, lo que está sucediendo en Bolivia donde muchos ven la mano de Chávez, ya que el venezolano no ha disimulado su voluntad de proveer de armas a los partidarios de Morales para que puedan enfrentarse con "la oligarquía" ha sembrado alarma en toda la región. De degenerar el conflicto en una guerra civil con connotaciones étnicas, sentirán el impacto no sólo países como Perú y Ecuador cuya situación demográfica es similar sino también Paraguay, Brasil, Chile y, desde luego, la Argentina. Aunque por ahora parece escaso el peligro de que el embrollo boliviano tenga consecuencias tan tétricas como prevén los pesimistas, los países relativamente prósperos y bien organizados de la región tendrán que estar preparados para enfrentar lo peor.