NEUQUÉN (AN).- El Tribunal Superior de Justicia de la provincia (TSJ) le pidió al auditor del Poder Judicial que investigue una denuncia que la semana pasada presentó el vocal del cuerpo Roberto Fernández.

A raíz de una investigación publicada por este diario sobre los 12 millones de pesos que la municipalidad iba a pagar por un desalojo común en la Isla 132, en el que intervinieron por el municipio los abogados Marcelo Gamarra y Nazarena Davil, Fernández pidió al TSJ que se investigue el accionar del juez de Cámara Marcelo Medori.

Básicamente, Medori llevó una regulación de honorarios de 14.000 a 12.000.000 millones de pesos respondiendo a una apelación de Gamarra, Davil y a otra un tasador oficial.

Las modificaciones de honorarios por el desalojo de un usurpador de la Isla 132 se dieron en poco tiempo y en medio de una tormenta interna fue modificado por Medori.

Para regular honorarios, el magistrado tomó primero el valor del espacio que ocupada el morador -un empleado municipal- pero luego consideró toda la superficie de la isla, valuada en alrededor de 100 millones de pesos.

En este escenario y a partir de la investigación de este diario fue que Fernández formalizó el pedido ante el TSJ, que preside el magistrado Eduardo Badano e integran además Jorge Sommariva, Ricardo Kohon y Felipe Cía. Cuando se concretó la denuncia que alarmó a Fernández por "la gravedad" del caso le informaron que se había generado una investigación interna sin que se hubieran detectado irregularidades, pero igual le transmitieron la inquietud y la documentación del caso al auditor del Poder Judicial Germán Pollitzer.

Fernández habría advertido que la regulación de honorarios fue efectuada por el mismo Medori pero ejerciendo roles distintos.

La mención obedecería a que Medori primero reguló como juez subrogante de Primera Instancia Civil Comercial y de Minería y después lo hizo como juez de la Cámara de Apelación Civil.

Al juez Fernández le habría sorprendido la inacción del cuerpo pero fueron sus pares quienes le indicaron que hubo una investigación y en ese contexto, para más seguridad, se le enviaron actuaciones a Pollitzer.