ROCA (AR).- "En Allen nos preocupamos porque hay tomas de terrenos privados pero sin ir más lejos el Estado provincial está haciendo exactamente lo mismo", se lamentó Úrsula Girsch, una vecina allense que desde marzo pasado le alquila un salón a la provincia para que funcione allí el Registro Civil de la localidad y desde ese tiempo a esta parte todavía no recibió un centavo por esa transacción.
El salón, ubicado en San Martín 47, fue reservado en marzo por la provincia para instalar allí las mencionadas oficinas. Confiando en la buena fe del Estado, el matrimonio Wolfschmidt accedió a que el local fuera ocupado en abril por el personal del registro, quedando a la espera de la posterior confección de contrato. Pese a la insistencia de la pareja, cuya mayor fuente de ingreso proviene de la locación de dicho salón ya que ambos son jubilados, el contrato les llegó a las manos recién en los primeros días de agosto. El documento, firmado por el ministro de Gobierno, Iván Lazzeri, presentaba varias irregularidades, como la ausencia de una cláusula por mora, la falta de DNI o dirección del locatario, de modo que los Wolfschmidt optaron por no firmarlo y exigir un nuevo contrato. El detalle es que hasta ese momento los locadores nunca habían percibido dinero en concepto de alquiler, situación que continúa hasta el presente.
Juicio de desalojo
Asesorados por abogados, y comprendiendo que no había por parte de la provincia intención de poner en regla la situación y abonar las sumas reclamadas, el matrimonio optó por iniciar un juicio de desalojo.
Varias cartas documento fueron enviadas al Ministerio de Gobierno, e incluso al propio gobernador, pero ninguna fue recibida. "Nos dijeron que las cartas teníamos que enviarlas a una comisión de transacciones judiciales, que nunca nos contestó. Se nota que el gobierno inventó esta comisión para que no funcione y evitarse problemas", comentó la mujer. Y es que, como explicaron sus abogados, a partir de la recepción de la carta empiezan a correr los plazos judiciales.
A esta situación se le suma el hecho de que por el momento el juicio permanece parado, ya que la última recomendación que los Wolfschmidt recibieron por parte del juez es que deben presentarse en persona en Viedma con un fiscal para entregar en mano la notificación al gobernador. Pero Úrsula, pese a que no lo aparenta, tiene ya 78 años y su marido 86, de modo que un traslado a la capital provincial les significaría más problemas que soluciones.
"Estamos indefensos y no sabemos qué hacer porque el juicio de desalojo no avanza. Parece que es mucho más difícil ejecutar estas acciones contra la provincia que contra cualquier particular", se quejó la mujer.
