NEUQUÉN (AN).- El secretario general del sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro y Neuquén, Guillermo Pereyra, hizo ayer una defensa acérrima de las inversiones que la empresa Repsol YPF hizo en la provincia durante los últimos cinco años y cruzó duramente una vez más a la administración de Jorge Sobisch.
"Yo acuso al gobierno de corrupto", dijo Pereyra, al ser consultado sobre cuáles eran los "negocitos" que habrían quedado sin realizarse y a los cuales se refirió en los últimos días como una de las causas para que la provincia revocara la prórroga de la concesión del yacimiento Loma de La Lata a la empresa de capitales españoles. "Son negocios. No puedo dar detalles porque no los tengo. Pero esto es vox populi, no tengo detalles" afirmó Pereyra cuando se le pidió más información sobre la acusación.
Ayer el sindicalista convocó a poco más de un centenar de petroleros en la sede del club recreativo que la organización tiene en el barrio Confluencia de la capital. Allí dijo que "hubo algo raro", al referirse al cambio de actitud de Sobisch con la empresa.
"Hasta hace dos semanas había designado al ingeniero (Rubén) Patritti para que tomara contacto con las empresas y especialmente con YPF, para negociar las prórrogas de los distintos yacimientos", aseguró.
Añadió que por la "férrea oposición de este sindicato" a esa negociación, "el gobernador dijo que ninguna corporación le manejaría el gobierno, cuando nosotros lo que pretendemos es participar en la mesa de negociación con las próximas autoridades".
Enseguida salió a cruce de las cifras que dio el secretario de Energía Eduardo Carbajo sobre la presunta desinversión de la empresa. Pereyra dice que Repsol sobrepasó holgadamente lo que debía poner. "Los datos que manejamos nosotros nos indican que el gasto asciende a 3.711 millones de dólares", aseguró el líder sindical. Según el gobierno, Repsol habría invertido 3.077 millones de dólares, en lugar de los 3.500 millones que estaba obligada a gastar en los primeros cinco años de concesión.
Luego, Pereyra alertó que un juicio en contra del Estado por un reclamo "sin fundamentos" podría repercutir "en la pérdida 15.000 millones de dólares" para Neuquén.
En tren de tirar cifras, añadió que de caerse la concesión "se ponen en riesgo unos 9.000 puestos de trabajo" vinculados directa o indirectamente con la empresa y sus contratistas. Subrayó que antes de la llegada de la petrolera "había 3.500 empleados y hoy somos 14.500 trabajadores".
"Esta organización sindical se va a ofrecer desde una posición neutral para ir a la Justicia", dijo el Pereyra, que descartó la posibilidad de realizar algún tipo de medida que implique la movilización de trabajadores. No obstante, aclaró: "estamos en alerta y vigilantes de que no nos quiten el trabajo. La prórroga es lo que da a las empresas una mayor perspectiva de desarrollo y por consecuencia a los trabajadores".
