La Fiscalía reclamó ayer que se profundice la investigación contra los directivos de Southern Winds y el ex jefe del aeropuerto de Ezeiza Alberto Beltrame, al tiempo que pidió penas de hasta ocho años de cárcel para los ocho acusados por el contrabando de casi 60 kilos de cocaína a España en valijas que viajaron por esa aerolínea.
Aquí hubo "un plan coordinado" por parte de una "organización criminal" para enviar droga a España en cuatro maletas sin dueño a través de una empresa "permeable" como SW, cuyos controles eran "laxos y relajados", advirtió ayer en su alegato el fiscal Mariano Borinsky.
La gerencia "estaba al tanto" de esas irregularidades, dijo el fiscal que, en ese marco, exigió que las pruebas obtenidas en este juicio sean remitidas a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, donde se estudiaba el pedido de la Aduana para procesar a SW como persona jurídica.
En ese marco, el Ministerio Público apuntó a la situación procesal de los hermanos Juan José Maggio -presidente de la firma- y Christian Maggio -gerente general- junto al vicepresidente Enrique Montero, quienes estuvieron involucrados en un primer momento y luego obtuvieron una falta de mérito dictada por el ex juez del caso Carlos Liporace.
También se aludió directamente al ex jefe del aeropuerto de Ezeiza, el comodoro Alberto Beltrame, padre de uno de los principales acusados, quien nunca fue imputado en el expediente.
En su extenso alegato, el Ministerio Publico coincidió mayormente con los pedidos que había formulado el viernes pasado la Aduana, querellante en la causa por el perjuicio originado al Estado. En ese sentido, al igual que la querella, pidió ocho años de cárcel para los españoles José González Villar y Elena Toimil Batán, el matrimonio que iría a recibir la droga, y para el ciudadano colombiano Juan Aristizábal Tabares, quien habría llevado el estupefaciente hasta el aeropuerto. A la hora de las penas para los argentinos, Borinsky reclamó cinco años y medio para Walter Beltrame, ex jefe de atención a pasajeros de SW en Ezeiza, y para Ariel Tamburrini, ex responsable de operaciones de la firma en Barajas, Madrid, quienes te
nían -dijo la fiscalía- un trato "personal" con los máximos acusados. Según el fiscal, Fernando Arriete, ex gerente de ventas de SW, debería ser castigado con cuatro años y medio, mientras que el operario de Ezeiza que pasó las valijas al avión tendría que recibir tres años de cárcel de cumplimiento efectivo. Para Guillermo Sardi, supuesto nexo entre los distintos partícipes de la maniobra, pidió cinco años y medio (unificada en una condena anterior a dos años). (DyN)
