Las crisis del subsistema público de atención de la salud y de la obra social estatal Ipross son en Río Negro un lamento tan recurrente y triste como un tango.

Ambos problemas se entrelazan uno con otro hasta el cansancio y, si por gobernar se entiende la actividad de guiar y conducir un Estado a base de las normas y con dirección a un modelo ideal, podría decirse que el gobierno es, desde hace muchos años, deficiente y vacuo.

Una y otra vez, actores oficiales y privados vuelven a tropezar con la misma piedra, y no han fructificado los esfuerzos por diseñar un esquema más efectivo y sustentable.

Ni siquiera el recurrente triunfo electoral del radicalismo rionegrino sirve para disimular la insatisfacción de los usuarios/pacientes y de los prestadores privados unos y otros contribuyentes por la deficiente calidad de gestión en áreas tan sensibles como la gestión, el financiamiento y la atención de la salud de gran parte de la población.

Como todas, la ciencia de la administración ha avanzado. Hay suficientes estudios en esa disciplina como para esperar que no quede ya sitio para la improvisación y la ineficiencia. Sobre todo, cuando el manejo del Estado no se ve afectado aquí por graves imprevistos, como los que deben enfrentar los gobiernos de países en guerra o sometidos a devastadoras catástrofes.

Sin embargo, el Ipross sigue cortado porque sus responsables y el gobierno provincial en su conjunto no han hallado todavía la manera de administrar con eficiencia los recursos y los gastos de la obra social que atiende a más del 21% de la población rionegrina, algo más de 120.000 afiliados.

Algo similar puede decirse de la atención hospitalaria que atiende por necesidad, derivación o urgencias a un 60% de los habitantes de la provincia. Allí, no hay posibilidad de "corte" de servicios. Y esto ocasiona entre los profesionales hospitalarios un desgaste notable, por el esfuerzo que les insume obtener los elementos necesarios, cuando lo deseable sería que sólo debieran prevenir, planificar y atender la demanda con recursos disponibles.

Un informe oficial realizado en el marco del Plan de Modernización del Estado con financiamiento externo más puntualmente en el Programa de Gestión Eficiente del Gasto en Salud traza un diagnóstico tan exhaustivo como preocupante, y deja al desnudo la inoperancia de quienes no han sabido en más de 20 años de gobierno articular ni siquiera un sistema de datos informatizado y en línea que permita saber qué, cuánto, cómo y dónde se necesita para atender la demanda en Salud.

Esto dice, en síntesis, el informe firmado por Wálter Azcárate de la Unidad de Financiamiento Externo y la ministra de Salud, Adriana Gutiérrez:

-Río Negro realizó un importante gasto en infraestructura hospitalaria, pero no ha hecho nada por ordenar, regular y fiscalizar el sistema de salud en conjunto, y la gestión del área se ubica "en la era pre-informática". El resultado es que no se produce información útil para la toma de decisiones, los efectores no están conectados en tiempo real ni siquiera los hospitales con el Ministerio de Salud, no se puede prever el gasto ni ordenar los recursos y se actúa en forma reactiva.

-La provincia no conoce quiénes son sus usuarios hospitalarios, no registra en forma unificada las admisiones, ni identifica en forma efectiva cuántos de los pacientes hospitalarios tienen otra cobertura, y por ello subsidia costosamente a los otros sistemas de seguros obras sociales,

ART en accidentes laborales y compañías aseguradoras en accidentes viales o domiciliarios, perjudicando a quienes no poseen otra alternativa de atención. Esto implica una grave distorsión del concepto de solidaridad social y un subsidio de los que menos tienen hacia los que más tienen.

-Se estima que al menos el 29,1% de las personas que se atienden en los hospitales tiene otra cobertura, pero el FOS Fondo de Obras Sociales administrado desde hace años por UPCN detecta sólo el 30% de las coberturas privadas y cobra sólo el 41% de lo facturado, es decir el 12,3% del total.

-El Ejecutivo no ha reglamentado ni puesto en práctica la ley del Seguro de Salud, aprobada el 25 de febrero de 1999, cuyo funcionamiento permitiría aportar a los hospitales más de 18.500.000 pesos de financiamiento genuino por prácticas efectuadas, en lugar de los 2.700.000 que se recaudan actualmente.

-En los hospitales no se ha logrado resolver las demoras en el otorgamiento de turnos y las largas esperas para la mayoría de las prácticas, lo que deriva en la insatisfacción de los usuarios, además de los mayores costos derivados de su agravamiento.

-No hay una política de incentivos para el personal de Salud Pública, no se generan estadísticas homogéneas, no se hace vigilancia epidemiológica ni se cuenta con datos en línea sobre disponibilidad de camas, tampoco sobre stock de medicamentos y materiales descartables, por lo cual no se planifican su compra ni su distribución.

-El Ipross tampoco posee un sistema informático es decir computadoras, software y personal especializado que le permita identificar en forma actualizada a sus afiliados y su grupo familiar, posee un modelo prestacional fragmentado y con numerosas excepciones, y no cuenta con un servicio válido de auditoría médica. Como consecuencia, posee deuda acumulada y un déficit operativo mensual. De esto deriva una baja calidad de atención, la deficiente gestión administrativa y la insatisfacción de usuarios y prestadores, la distorsión del gasto y el desfinanciamiento progresivo.

El informe busca justificar la razonabilidad del Programa de Gestión Eficiente del Gasto en Salud que implica hacer bien todo lo que hasta ahora se ha hecho mal, con un préstamo del Banco Mundial de cinco millones de dólares y una contrapartida provincial de 700.000 dólares. Pero el análisis de fondo excede este punto:

El desorden no suele ser neutral en las cuentas públicas, sobre todo en sectores como Salud Pública y el Ipross, que administran presupuestos elevados. Existe una responsabilidad política y técnica del gobierno y de los organismos de control en la materia.

Resulta lógico que los gremios estatales resistan la propuesta oficial de aumentar los aportes patronales y personales al Ipross, porque está visto que el problema no es de dinero sino de organización y calidad de la gestión.

Lo que haría el incremento de los aportes propuesto por el gobierno es transferir a los afiliados las consecuencias del desorden administrativo del Estado, sin adoptar ninguna otra medida tendiente a resolver las causas que lo generaron.

Aun admitiendo que hay empleados estatales que aportan muy poco al Ipross, cabría preguntarse quién es el responsable de que eso suceda. ¿Los afiliados? ¿Todos ellos? ¿Los gremios que lo admitieron? ¿El vocal gremial? ¿Los contratados entrados por la ventana al Estado en el marco de programas anti-desempleo? ¿Algún puntero político incorporado rápidamente para atenderle una patología urgente? Y también, ¿quién garantiza que ese aumento de aportes será bastante?

Tal como están las cosas, el Ipross parece un cántaro roto al cual el dueño manda agregar agua una y otra vez, sin reparar la pérdida. Lo mismo sucedió antes con la Caja de Previsión Social hasta que desfinanciada y caótica fue transferida a la Nación.

La paradoja es que el mismo Estado que antes de las elecciones prodigaba subsidios a clubes, gremios, asociaciones, iglesias y particulares hoy muestra sus bolsillos vueltos hacia afuera y pide ayuda para sus arcas vacías.

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar