Mientras crece el escándalo y avanza la investigación judicial sobre un millonario desvío de fondos en las obras de la central Nuclear Atucha II, el gobierno decidió suspender preventivamente a dos funcionarios del área sospechados en la causa.
Según informó ayer el diario "Perfil", se trata del gerente general de la Comisión nacional de Energía Atómica, CNEA, Rubén Calabrese y del el presidente de la empresa estatal Dioxitek, Santiago Morazzo. Ambos están acusados de haber intervenido en la maniobra, que según diversos trascendidos llegaría a un monto de 6 millones de pesos y tendría una metodología similar al evidenciado en la evidenciado en el sonado caso Skanska.
La causa que se encuentra en el Juzgado Federal de María Romilda Servini de Cubría registró avances, y según el diario la jueza cree que podría tratarse de una metodología común para el desvío de dinero de una suculenta caja . De hecho, ya ordenó varios allanamientos en las principales sedes atómicas argentinas. La suspensión "preventiva" por 30 días fue ordenada por el presidente de la CNEA, José Abriata, ante el avance de una causa judicial que investiga a la cúpula del organismo por una presunta malversación de 6 millones de pesos.
La Justicia investiga en este caso desvíos de estos fondos, el uso de "facturas truchas" y contrataciones anómalas en la obra de reactivación de la segunda central nuclear del país. Esos fondos estaban destinados a brindar "asistencia" para terminar Atucha II, que lleva 27 años en obra.
La CNEA recibió ese dinero para brindar capacitación y apoyo técnico a la empresa que construye la central, que debe rediseñar la central y comprar equipamiento con el objetivo de actualizar y mejorar las medidas de seguridad del recinto.
Pero decidió tercerizar el
contrato y recurrió a Dioxitek S.A., que pertenece a la CNEA en un 99 por ciento. Le transfirió para ese fin los 6 millones de pesos.
La Justicia lleva varios meses investigando si esta maniobra defraudó al Estado y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) le pidió explicaciones a Abriata el mes pasado.
Fue entonces cuando la CNEA abrió un sumario.
Según investigadores consultados por Perfil, la igual que en el caso Skanska, existe un fideicomiso, una empresa no habilitada al efecto mueve los fondos y presenta como justificativo una serie de facturas "truchas".
