Sábado 24 de Noviembre de 2007 Edicion impresa pag. 06 > Nacionales
Acuerdo para un banco de datos de desaparecidos

VIEDMA (AV)- Los ministerios de Gobierno y Salud de Río Negro firmaron un convenio para la creación de un archivo de datos de familiares de detenidos o desaparecidos a fin de alcanzar una posible identificación.

De esta manera se formaliza el Convenio Tripartito de Cooperación Institucional firmado por el Ministerio de Salud de la Nación, el Archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y el Equipo de Antropología Forense (EAAF).

Este convenio desarrollará acciones conjuntas tendientes a la creación de un archivo de muestras de sangre para análisis de ADN a gran escala de familiares de víctimas de desaparición forzada entre los años 1974 y 1983 en la Argentina. Implica un apoyo estatal al proyecto denominado "Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos". El acto de suscripción del convenio fue presidido por el ministro de Gobierno, Iván Lazzeri y la ministra de Salud, Adriana Gutiérrez.

En tal sentido, el titular de la cartera política resaltó que "estamos así dando cumplimiento a una obligación política para quienes tenemos convicción; estamos cumpliendo con un deber ético y un compromiso asumido hace algunos meses en ocasión de la visita de la presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien nos pidió expresamente que avanzáramos en la concreción de esta iniciativa".

En Viedma ya hay dos familias y una en Bariloche, esperando la llegada de los correspondientes kit de extracción de sangre para realizar luego los posteriores análisis. La medida responde también a un pedido de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, en el marco de la búsqueda de aquellos niños o niñas que nacieron en cautiverio durante la última dictadura militar y aún no han sido identificados biológicamente.

A partir del acuerdo, la provincia se compromete a coordinar las acciones entre los distintos Centros de Toma que se establezcan y la Dirección General de Derechos Humanos, cuyas sedes funcionan en Viedma, Roca y San Carlos de Bariloche.

Deberá además respetar y sostener la política de confidencialidad estipulada en el Convenio y llevar a cabo una campaña pública para difundir información acerca de esta iniciativa, con el objetivo de garantizar la más amplia concurrencia posible de donantes.

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