Distintos miembros del gobierno del presidente Néstor Kirchner no han intentado disimular la satisfacción que sienten por la decisión del juez Suárez Araujo y su esperanza de que se vea seguida por otras similares que lleven a la detención de otros ex represores, entre ellos el ex presidente de facto Reynaldo Bignone. A su entender, refleja el compromiso firme del presidente y de su esposa con los derechos humanos, un tema que según parece la futura presidenta quiere hacer uno de los ejes básicos de su gestión. Aunque a esta altura sería imposible dudar de la voluntad de los Kirchner de asegurar que sean castigados todos los involucrados con la represión ilegal de tres decenios atrás, parecería que dicha actitud tiene más que ver con el deseo de saldar cuentas con los enemigos de otros tiempos, que con el respeto auténtico por los derechos de las personas. Aun cuando todos los vinculados con el régimen militar que fueron culpables de cometer crímenes de lesa humanidad en los años setenta terminaran entre rejas, la causa de los derechos humanos no avanzaría un ápice a menos que se tomaran medidas lo bastante contundentes como para impedir que los abusos siguieran perpetrándose en las cárceles y comisarías del país. Por lo demás, la conciencia ya generalizada de que se ha politizado el tema al enfrentarse el gobierno con dureza a ex represores calificados de derechistas mientras que sus representantes reivindican el "idealismo" de los es de esperar ex terroristas, priva a los oficialistas y sus aliados coyunturales de la autoridad moral que se atribuyen.

El presente y el próximo futuro importan más que el pasado que, por desgracia, ya es inmodificable. Cuando los militares y sus auxiliares pisoteaban con brutalidad los derechos de quienes los enfrentaban, los Kirchner no manifestaron ningún interés en el tema. Tampoco lo hicieron antes de que Néstor Kirchner se convirtiera en presidente de la República. Es natural, pues, que muchos supongan que su presunto compromiso con los derechos humanos se debe más a cálculos políticos que a sus principios éticos. Asimismo, por exitosas que resulten las embestidas oficiales contra los represores ilegales de tiempos idos, no servirán para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, a menos que contribuyan a cambiar la conducta de quienes hoy en día están en condiciones de abusar de ellos. Tal vez ayudaría si hubiera motivos para suponer que los militares por lo común ya ancianos y personajes como Patti pudieran formar una nueva dictadura, pero por fortuna no hay ningún peligro de que ello ocurra, aunque sí existe el riesgo de que ellos o sus simpatizantes reaccionen con violencia contra lo que en su opinión es una campaña de persecución política impulsada por individuos que están más interesados en la venganza que en la justicia.