La elevación de la SECyT al rango de ministerio es una buena noticia para todo el "sistema" argentino de ciencia y tecnología. Por algo escribo "sistema" entre comillas: porque aún no existe tal sistema, sino sólo un amplio conjunto de organismos faltos de coordinación con los demás  salvo iniciativas personales. El nuevo ministro tal vez pueda cambiar esta antigua y frustrante situación. Habrá que ver las atribuciones que tendrá en el nuevo ministerio.

En los últimos años se ha aumentado considerablemente el presupuesto de CyT, apuntando al mítico porcentaje del 1% del PBI; entre el 2002 y el 2006 ese porcentaje se incrementó del 0,44 al 0,58%, a la vez que el PBI también crecía a un ritmo pocas veces visto. He llamado "mítico" el objetivo de dedicar el 1% del PBI a I+D (Investigación y Desarrollo), porque esa cifra no tiene nada de especial y si bien es mejor que la actual, falta muchísimo para poder compararnos con los países desarrollados o los que están tratando seriamente de serlo. En algunos casos lo que invierten en esos rubros llega hasta el 3,7%.

Pero la cuestión de fondo no son tanto las sumas involucradas, sino ¿en qué se invierte ese dinero? No basta con aumentar el presupuesto de CyT si no es gastado correctamente, es decir, en un sentido que mejore la competitividad del país y lo saque de la agrodependencia. Esto implica un proyecto económico coherente para el país, nada menos. La agrodependencia, que ahora parece repetir las condiciones favorables de un siglo atrás gracias al crecimiento incontenible de China, no es estable: depende demasiado de los precios internacionales de los commodities. Si llegara a caer el precio de la soja o ser atacados por una peste, el país entraría en crisis de inmediato, aunque por el momento la tendencia de los "términos del intercambio" (precios de manufacturas vs. precio de commodities) nos resulte favorable y haya sustentado varios años de crecimiento continuo. Lo mismo ocurrió hace cien años con la carne y el trigo, pero entonces éramos muchas veces menos habitantes.

Una componente del "complejo sojero" es la monoproducción de agrocombustibles o de recursos forestales, como tiende ahora a ocurrir en Brasil y en Uruguay. En ambos casos se trata de operaciones insuficientes, momentáneamente muy atractivas pero carentes de un futuro claro a medio plazo y ecológicamente destructoras. Claro que Brasil tiene, además, un poderoso proyecto de ser o transformarse en una potencia mundial. En cambio, nosotros seguimos pataleando: ello se nota por la dificultad de promulgar de una vez la ley de Bosques por la resistencia de las provincias forestales, que aman poco sus recursos naturales y cuyos grupos dirigentes prefieren la ganancia inmediata, la creciente concentración del recurso agrario y el monocultivo expulsor de mano de obra. Sin hablar de catástrofes ecológicas como las papeleras argentinas ya que nos preocupa tanto la de Fray Bentos, podríamos ser un poco más cuidadosos en casa... tema del cual se habla mucho menos de lo que debería así como de los demás y gravísimos problemas ambientales que tiene el país y que forman un excelente campo de estudio para los científicos, siempre que exista la voluntad y el poder político para enfrentarse a los poderosos intereses que podrían verse afectados.

Invertir en la exploración de nuevas fuentes de petróleo y gas es también I+D y si no lo hace el Estado, no lo hará nadie, como ya lo estamos viendo. Producimos petróleo por 10 dólares el barril, pero pronto lo tendremos que comprar a 100. Y hasta estamos en condiciones de producir buena parte de la maquinaria necesaria para esas exploraciones.

En una palabra: si por "Ciencia, Tecnología e Innovación" se va a entender lo que siempre se entendió, la creación de un ministerio, no ayudará mucho. La ciencia en nuestro país siempre se ha tomado como un adorno vistoso y nos pavoneamos con nuestros "tres" premios Nobel en ciencias, a pesar de que a uno de ellos virtualmente lo echamos y tuvo que hacer su trabajo en el exterior. También seguimos enorgulleciéndonos de los éxitos de nuestros investigadores cuya formación fue pagada por todo el país en el extranjero porque no pueden trabajar aquí, aunque siempre pretendamos repatriarlos sin darles un objetivo claro ni los medios de llevarlo a buen término. Un signo elocuente de toda esta actitud es la subordinación de CyT a Educación, lo que desenfatiza su potencial rol productivo.

Se trata de que los investigadores no trabajen en cualquier cosa que se les ocurra. Demasiado frecuentemente hemos seguido las modas internacionales, y los sistemas de evaluación que aplicamos siguen valorando casi exclusivamente los trabajos que merecen el premio de ser publicados y citados en el exterior, sin tener en cuenta si alguno de sus resultados podrá servir alguna vez para mejorar el nivel de vida de los argentinos o si volverá a nosotros como bumerán en forma de una patente extranjera que limite el uso de nuestros propios desarrollos.

Otro de los defectos hereditarios del sistema argentino de CyT es que no existe. Tenemos algunas docenas de organismos que se dedican a la CyT (OCT), a veces conectados entre sí por redes informales, pero casi nunca en forma orgánica porque pertenecen a media docena de ministerios diferentes. Habrá que ver si el nuevo ministerio logrará superar las barreras políticas y burocráticas que eso implica. El Conicet, con su complejidad propia, es casi un problema aparte de lo anterior.

Para superar estas "independencias" hace años se creó el GACTEC, conjunto de todos los ministros de los que dependen los diferentes OCT. Ese organismo siempre ha sido una entelequia, aunque la (hasta ahora) SECyT es su secretaría ejecutiva y hace lo que puede.

Según el informe de la SECyT para el 2006, casi los dos tercios de los gastos totales aún se dedican a sueldos. Esto es mejor que cuando era el 90%, pero igual es demasiado alto, y hay un criterio poco empresarial entre muchos de los OCT, que no suelen incluir los sueldos entre sus gastos: en realidad, los sueldos vienen del Estado, se trabaje o no. Esto suena muy duro, pero se sabe que es una realidad en muchas OCT, al igual que en muchas otras instituciones del Estado.

Un punto a tener en cuenta es qué se entiende por I+D. Se sabe que, por razones impositivas y tal vez de prestigio, en ciertas industrias los estudios de mercadeo son frecuentemente declarados como I+D, así como la modernización del parque tecnológico por adquisición de maquinarias de última generación desarrolladas y construidas en el exterior. Está claro que esa actitud tiende a desfigurar las cifras.

El patentamiento resulta con frecuencia tomado como indicador de las actividades de I+D. Ello es una medida altamente equívoca. En los países desarrollados, puede ser válido como indicador de la utilidad práctica de los desarrollos. Pero entre nosotros, una patente argentina sólo sirve para dar un respiro de un año para patentar "afuera", y hacer eso cuesta tanto dinero que los investigadores prefieren usarlo de otra manera. Por ello ocurre que la mayoría de las patentes argentinas es propiedad de empresas multinacionales que con ellas obtienen derechos exclusivos sobre objetos que ni siquiera deberían ser patentables, como los recursos naturales del país. La OECD define un "Índice de dependencia" que indica el número de patentes solicitadas por no-residentes en relación con el número solicitado por residentes: su valor fue, en el 2006, de 4,51. Sólo el 20% de las patentes argentinas fue solicitado por residentes.

En cuanto a la formación de recursos humanos, también hay índices alarmantes. El 50% de los egresados de las universidades nacionales y el 69% de las privadas pertenecen a las ciencias sociales y sólo el 18 y el 21% respectivamente al conjunto de ciencias exactas e ingenierías. Sin despreciar a los científicos sociales, es de presumir que la mayoría de estos egresados son abogados y economistas, en conformidad con el modelo económico vigente en los años 1990. Una consecuencia directa de esto y de la mentalidad que lo acompaña es que se importan objetos tecnológicos de alta complejidad que podrían producirse en el país y aun exportarse.

Sin embargo, la creación del Ministerio de CyT e Innovación Productiva es un ejemplo de que ya hay alguna comprensión de las autoridades de lo que está en juego; la decisión de efectuar la radarización del país con esfuerzos propios es otro.

También es auspicioso que la mayoría de los proyectos en marcha es de Investigación Aplicada (entre la IA y el desarrollo experimental abarcaron el 71% en el 2006). Con esto no quiero desvalorizar la investigación básica, cuya existencia es fundamental porque todo el resto se construye sobre ella; pero su predominio resulta un claro indicador de subdesarrollo. Queda por ver qué parte de ese 71% conduce realmente a actividades productivas.

TOMÁS BUCH (*)

(*) Tecnólogo generalista.

Especial para "Río Negro"