La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) rompió ayer su tradicional silencio y rechazó ser responsable de las escuchas telefónicas que fueron señaladas como el detonante de la separación del jefe de Inteligencia del Ejército, general Osvaldo Montero.
El militar fue separado aparentemente porque la ministra de Defensa, Nilda Garré, recibió escuchas que revelaban conversaciones donde Montero conspiraba a favor de su reemplazo por el titular de la cartera de Interior, Aníbal Fernández.
La revelación periodística extendió la polémica porque la ley impide a la Secretaría realizar escuchas sin orden judicial. A través de un comunicado que lleva la firma del secretario de Inteligencia, Héctor Icazuriaga, la SIDE respondió ayer que "rechaza rotundamente su participación en cualquier tipo de práctica que pueda afectar las garantías constitucionales y la vida privada de los habitantes de la República Argentina". El jueves, el senador de la UCR, Gerardo Morales, había pedido explicaciones a Garré acerca de "por qué" y "de quién" tiene "escuchas telefónicas" fuera "de cualquier causa judicial".
La SIDE recordó que sus funciones responden a los mandatos de la ley 25.520, que "impide de forma expresa, entre otras, cualquier tipo de interceptación telefónica que no fuera solicitada por una autoridad judicial competente". "Es por ello que niego taxativamente las imputaciones que se realizan a la institución a mi cargo en el contexto de los hechos públicamente conocidos", agregó Icazuriaga en el comunicado.
El mes pasado, el presidente del bloque ARI, Eduardo Macaluse, y la legisladora porteña del ARI Liliana Parada denunciaron ante el juzgado federal Nº 11, a cargo de Claudio Bonadío, que habían sido víctimas de "escuchas ilegales" junto a funcionarios y dirigentes del oficialismo y la oposición.
La revelación de las escuchas denunciadas por los legisladores se había conocido el 16 de octubre, en plena campaña electoral, cuando la justicia descubrió un equipo aparentemente de la SIDE instalado en una central telefónica de la localidad bonaerense de Garín, partido de Escobar, que era usado para interceptar cientos de teléfonos de dirigentes políticos.
"No existen", respondió Fernández, cuando ayer se le preguntó por las escuchas del caso Montero. La polémica, sin embargo, no se acalló. "Aunque sea redundante ratifico plenamente que la secretaría que conduzco esta sometida e identificada con los principios que emanan de la Constitución nacional, las leyes vigentes y el sistema democrático", enfatizó Icazuriaga.
