SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El convenio a través del cual el Ejecutivo municipal cedió a la Asociación Empresarial de Catedral la prestación de servicios y el cobro de tasas en el cerro tropezó ya con las primeras objeciones en el Concejo.
El asesor letrado del Deliberante, Leandro Lezcano, no pudo emitir opinión jurídica sobre el convenio, como le fue requerido, debido a los insólitos faltantes en el expediente que le remitieron. Pero aun así aclaró que no es posible aprobar una concesión de servicios públicos sin convocar a audiencia pública.
Ese trámite de hecho fue obviado por el Ejecutivo, que ni siquiera se preocupó por requerir la autorización del Concejo antes de poner en vigencia el convenio, como obliga la Carta Orgánica.
Desde julio pasado la Empresarial del cerro (AEAC) ya tiene a su cargo la recolección de basura, limpieza de nieve y mantenimiento de calles en la base de Catedral y cobra a todos los frentistas una tasa cuya alícuota está fijada en el convenio.
Un par de años atrás, otro convenio similar tuvo dictamen desfavorable del ex asesor letrado del Deliberante, Federico Lutz, y cuando se avecinaba un seguro rechazo de los ediles el intendente Alberto Icare optó por retirarlo.
Aun con esa irregularidad a cuestas la AEAC siguió con los servicios a su cargo y cobró la tasa sin mayor obstáculo, pese a no contar con la legitimidad de un convenio aprobado por ordenanza.
En julio pasado, al intendente a cargo Marcelo Cascón le presentaron ya redactado una nueva versión del convenio por cinco años, pero se negó a firmarla. Lo hizo en su lugar el ex secretario de Gobierno, Adolfo Fourés, durante uno de sus breves interinatos.
Una de las cláusulas señala que la firma es "ad referéndum del Deliberante", pero ni Icare ni Fourés lo enviaron a ese cuerpo, hasta que lo hizo Cascón hace apenas un mes.
El abogado Leandro Lezcano se abstuvo de emitir dictamen porque encontró errores en la progresión del foliado y también la ausencia del anexo IV, que aparece mencionado en la cláusula sexta del convenio.
"Sin perjuicio de ello, se previene que para aprobar toda concesión de servicios públicos se debe convocar a audiencia pública", advirtió el asesor letrado.
Ahora el expediente debería volver al Ejecutivo, y su reenvío al Concejo quedaría para la próxima gestión, que asumirá el 10 de diciembre.
Varios de los concejales salientes consideraron que la cesión de la prestación de servicios y del cobro de tasas que realizó el municipio incumple la Carta Orgánica y evaluaron como "muy difícil" que alguna vez consiga la aprobación de ese cuerpo.
