BUENOS AIRES y CUTRAL CO (ABA y ACC) . En la maratónica sesión de la víspera en la Cámara de Diputados de la Nación de tratamiento del Presupuesto nacional, se aprobó con fuerza de ley la asignación de 3.800 millones de pesos en bonos para los ex ypefianos.
Se trata de un monto que será otorgado a quienes se desempeñaban en la empresa petrolera al momento en que la misma se convirtió en sociedad anónima (después pasó a manos privadas) y aún no cobraron la deuda.
La indemnización será distribuida en bonos de consolidación de la deuda hasta 3.800 millones de pesos.
De tal modo "se consiguió incluir a los ex ypefianos en la ley de Propiedad Participada", tal como sostuvo el senador santacruceño Nicolás Fernández la semana pasada cuando la iniciativa recibió media sanción.
Fuentes consultadas deslizaron que se entiende que con poco más se irán cerrando todos los pagos pendientes a los ex agentes petroleros de todo el país. La noticia cobra un relieve importante dadas las recientes manifestaciones con incidentes, los de mayor magnitud ocurridos en Comodoro Rivadavia.
En el interior de la provincia de Neuquén la noticia también tendrá un destacado impacto dada la situación que atravesaron en su momento los habitantes de Cutral- Co Plaza Huincul y Zapala entre otras ciudades. En Río Negro, la mayor cantidad de beneficiados está en Catriel.
También con la medida aprobada se le da cause a la conflictiva situación planteada el año pasado, cuando los bonos quedaron presos de la disputa judicial del Estado con el grupo Greco, ya que aquellos fueron incluidos en la norma de pagos de juicios a la Nación.
En la letra chica de la nueva norma, no pudo ser confirmado pero se incluiría la alternativa de acogerse a este reparto para los ex trabajadores que iniciaron pleitos.
En la comarca petrolera de Cutral Co y Plaza Huincul existen alrededor de 2.500 a 3.000 ex agentes de YPF que desde hace casi diez años aguardan que desde el ámbito judicial o bien desde el Estado nacional se les reconozca las deudas generadas por las acciones del denominado Programa de Propiedad Participada.
Es una amplia franja de vecinos que se desempeñaron en la petrolera cuando era estatal y que luego de 1991 cuando se produjo el proceso de privatización, quedaron fuera de la compañía. Fueron escasos los casos de trabajadores que pudieron acceder rápidamente a una jubilación.
