El Senado aprobó ayer una discutida ley de bosques que obliga a suspender los desmontes por un año y exige al ordenamiento territorial de sus bosques nativos. La aprobación de la norma fue celebrada como "un paso muy importante" por la organización ambientalista Greenpeace, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA) y la Asociación Forestal Argentina (AFOA).

La próxima semana el texto deberá ser tratado nuevamente en la Cámara de Diputados ya que sufrió algunas modificaciones, como el relativo al fondo de compensación a las provincias que cuiden sus bosques. La llamada Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos dispone que cumplido el plazo de un año, aquellas jurisdicciones que no hayan realizado el ordenamiento territorial no podrán autorizar desmontes ni aprovechamientos productivos en zonas boscosas.

El discutido proyecto estuvo a punto de naufragar en el Congreso por las presiones de los empresarios forestales y hasta de algunos políticos provinciales, desconfiados de que el gobierno central libere los recursos necesarios para compensarlos. Para realizar el ordenamiento territorial, la ley establece diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del bosque nativo, y señala como prioritario cuidar a los bosques que actualmente ocupan y utilizan comunidades indígenas y campesinas.

Delegados de algunas organizaciones ambientalistas e indígenas expusieron ayer en el Congreso sus puntos de vista y exigieron voluntad política para encarar este problema que amenazaba la supervivencia de los bosques nativos y también la vida de indígenas y campesinos, principalmente del norte y noreste del país. Hernán Giardini, Coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, declaró que la próxima instancia en Diputados "debe ser simplemente un trámite" para que se apruebe definitivamente la ley para su inmediata entrada en vigencia.