Cuando el empleado de la autoridad fiscal británica grabó en dos CDs los datos personales de la mitad de la población británica y los colocó en el montón del correo una tarde de octubre, pensaba en cualquier otra cosa distinta a una tormenta política.

Un mes después, la policía busca febrilmente en todo el país los CDs, se tambalea el puesto del ministro de Finanzas, Alistair Darling, y el jefe del gobierno británico, Gordon Brown, cuenta con cada vez menos popularidad.

Ninguno de los discos llegó nunca a su destino, por lo que los datos de 25 millones de personas receptores de subsidios infantiles, que incluyen detalles bancarios, nombres y direcciones, desaparecieron sin rastro en el correo.

Los titulares de diarios, que en verano aún eran brillantes, no podían ser hoy más destructivos. "El desastre de los datos", escribía "The Independent", hablando de "incompetencia" y "tropiezos"; "El canciller del Tesoro se irá, la cuestión es sólo cuándo", comentaba "The Daily Telegraph" y "The Times" hablaba de "idiotas" y un "gobierno de segunda clase". "Esto es realmente Gran Bretaña y no una república bananera", comentaba el conservador, George Osborne.

No ayudó que Darling destacara rápidamente que los CDs no han caído en "manos equivocadas" y que no hay signos de un acto criminal. Todas las familias recibirán su dinero, añadió.

Tampoco la dimisión del jefe de la autoridad fiscal HMRC, Paul Gray, aplacó la tormenta de indignación. Los bancos pidieron a sus clientes que analicen con cuidado los movimientos en sus cuentas, mientras las organizaciones de protección de la infancia advirtieron del abuso de datos por parte de pedófilos.

El primer ministro Gordon Brown, pidió ayer disculpas por ese error y aseguró que esa información no se ha utilizado para actividades fraudulentas.

"Lamento profundamente y pido disculpas por los inconvenientes y por la preocupación" provocados por ese extravío de información confidencial, afirmó Brown El líder conservador, David Cameron, aprovechó para arremeter y le reprochó haber "fallado" en "su primer deber, el de proteger a la población". El jefe del Gobierno anunció la apertura de una investigación por la desaparición de los datos completos de las subvenciones a 7,25 millones de familias.