El pasado martes 20 fui testigo de uno de los innumerables hechos delictivos a los que los argentinos somos sometidos de manera diaria. Le cuento.

Blanco Encalada y Zapiola (en la ciudad de Buenos Aires), minutos antes de las 8. En un intento de robo, le rompieron la ventanilla a un vehículo en el que padre e hija viajaban rumbo al colegio.

El hombre, a riesgo de que el delincuente contara con alguna arma de fuego, se bajó e intentó apresarlo. A esa altura, la esquina ya estaba llena de mirones. Sólo uno decidió ayudarlo.

Al acercarme, pregunté qué había pasado y quien había ayudado a la víctima decidió irse. Y el delincuente intentó escapar. Allí fui, colaboré con el damnificado y luego de inmovilizar al delincuente llamé a la policía.

Durante los 5 ó10 minutos que esperamos la llegada del patrullero, ni tan siquiera uno de los curiosos, que a esa altura ya eran más de los que uno podría imaginar, ofreció ayuda alguna.

A mí no me toca

La reconocida indiferencia argentina de mantenerse ajeno a los problemas de los demás hace que el accionar de los delincuentes sea más sencillo e impune. Más aún, siempre habrá quien intentará justificar el accionar de aquél y de esa manera mantener su conciencia tranquila, por no participar. Hasta que él mismo sea la víctima.

Paradójicamente, este comportamiento social se replica entre los ciudadanos, cuando el gobierno de turno comete atropellos.

La forma corporativa de asociación que tiene la sociedad, que debería servir para enfrentar los actos del poder con una mayor entidad y capacidad de respuesta que hacerlo personalmente, termina jugando en contra.

La última alza de los derechos de exportación (retenciones) al petróleo y sus derivados logró que el sector del agro no se sienta tan solo. Pero el resto del mundo empresario sigue pensando en que los beneficios de la creación de un nuevo Banade o que el mantenimiento de los actuales niveles de crecimiento más que compensarán los efectos de la inflación. Ambos dados por el Indek y por lo tanto no del todo creíbles.

La idea de que el victimario se conforma con la víctima actual, hace que los potenciales damnificados se sientan seguros en su papel de observadores. Incluso algunos intentarán justificar las acciones del primero. Tal como en la historia del inicio.

El problema es que es imposible que todas las potenciales víctimas lo sean de manera simultánea. Pero en el tiempo nadie estará a salvo. Lo que ayer le sacaron al campo y hoy a las empresas petroleras, mañana le será exigido al resto de la sociedad, de manera progresiva. Pero nadie debe sentirse a salvo. Más temprano que tarde, deberán rendir una vez más sus armas ante el insaciable gasto público.

En los considerandos del decreto 394/07, en el que se fijaron las nuevas retenciones para los hidrocarburos, dice: "Que aun después de deducidos los derechos de exportación que por esta resolución se establecen, la rentabilidad resultante será la adecuada para el giro normal de la actividad".

Si el gobierno puede a través de un funcionario (no importa si el presidente o un subsecretario) definir cuál es la rentabilidad adecuada para un sector, por qué no puede hacerlo para todos.

Y de hecho lo hace. Tanto el agro como los hidrocarburos son importantes exportadores, por lo que se puede intervenir en dichos sectores con un sencillo decreto como el mencionado.

De igual forma se determina la renta de las empresas prestadoras de servicios públicos, al congelarse las tarifas.

Pero para el resto de los sectores, incluido el de los asalariados, la intervención y definición de la renta está a través de la inflación.

El aumento de precios tiene mal marketing. Por eso es necesario ocultar los índices reales. Especialmente en tiempos de elecciones. Pero sus efectos son fantásticos para una administración que se mantiene en el poder e intenta hacerlo por mucho tiempo, a través de compra de voluntades (mejor dicho, alquiler). Es por eso que no existe la voluntad política de erradicar la inflación.

En un contexto inflacionario, el otorgar aumentos masivos, extender beneficios previsionales a quienes nunca aportaron (y no precisan justificar la obtención de una pensión cuasi graciable), nombramientos masivos en los diferentes niveles del sector público nacional no es un problema. En el corto/ mediano plazo, la inflación se encargará de licuar esos aumentos del gasto.

Hasta los sindicalistas están felices, ya que les han devuelto su razón de ser. El negociar constantemente nuevos aumentos.

Sector a sector van siendo limitados en su libertad de decisión, al obtener sólo "rentas adecuadas". De esa manera, todo se vuelve dependiente del poder central. Incluso los gobernadores e intendentes deben adecuarse a este régimen feudal.

Pero mientras la mayoría sólo reaccione cuando se sienta personalmente atacada, estaremos jugando el juego que más le conviene al victimario.

Después de todo, el lobo no se hará vegetariano por propia iniciativa. Él y sus carroñeros sólo cambiarán sus hábitos si las víctimas los obligan. Por ahora no parece que esto vaya a suceder.

GUSTAVO A. KÜPFER (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Economista e Investigador Asociado de la Fundación Atlas.