El oficialismo no tenía hasta anoche el consenso necesario para frenar las designaciones de jueces y funcionarios que el Consejo de la Magistratura debe realizar desde hoy en Río Negro.
El primer debate formal sobre la postergación de los nombramientos, a la espera de la nueva ley que instrumente los concursos de oposición y antecedentes, se dará hoy en Bariloche. No obstante, la disputa principal está prevista para mañana en Roca, porque en la ciudad cordillerana sólo debe cubrirse una vacante en una Defensoría y en el Alto Valle son ocho los cargos en pugna.
Consultas realizadas por este diario entre distintas fuentes vinculadas al Consejo de la Magistratura permitieron saber que hasta ayer abogados, legisladores opositores y representantes del Poder Judicial opinaban que lo más saludable era realizar las designaciones pendientes bajo los parámetros vigentes y dejar que la nueva ley se aplique para vacantes futuras.
El Consejo tiene ocho integrantes: el presidente (actualmente es el titular del STJ, Víctor Sodero Nievas); un representante de Superintendencia del Poder Judicial (que varía depende del fuero y la circunscripción, interviniendo la procuradora, Liliana Piccinini, en el caso de involucrar al Ministerio Público); tres miembros de la Legislatura (dos por la primera minoría y uno por la segunda) y tres representantes del Colegio de Abogados, que varían según la circunscripción.
De confirmarse los votos coincidentes de los abogados, el legislador opositor (en Roca será Gustavo Costanzo, pero en Bariloche tomará su lugar Esther Acuña) y uno de los dos representantes del Poder Judicial, la propuesta del oficialismo quedaría en minoría.
Desde distintos sectores apoyaron la medida de fondo relacionada con un sistema más transparente de designaciones, pero consideraron que congelar los nombramientos significaría profundizar las demoras en la prestación del servicio de justicia.
Una de esas voces surgió desde el mismo Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia, que a través de su presidente, Edgardo Albrieu, sostuvo ayer que "los concursos que ya están llamados deben seguir adelante".
El Colegio considera que para cubrir las vacantes actuales no se puede esperar "5 ó 6 meses como mínimo"
hasta que se reglamente la ley y se ponga en marcha el nuevo sistema. "Tenemos el caso de Roca, con el Juzgado de Familia, por ejemplo, que está totalmente colapsado. No se puede esperar tanto tiempo", afirmó.
De todos modos hizo hincapié en que la postura del Colegio de Magistrados es "apoyar" la implementación del concurso de oposición y antecedentes.
Bajo este panorama, el Colegio de Abogados de Roca avanzó ayer con sus exámenes de oposición internos, que servirán a sus consejeros para definir a qué postulante votarán cuando se pongan a consideración las vacantes en los fueros Laboral, Penal y de Familia de la Segunda Circunscripción.
La participación fue alta y por la mañana cuando se evaluó a los aspirantes para juez y secretario de Familia rindieron 24 personas. Por la tarde se presentaron 16 de los 18 postulantes a camarista Laboral, además de 7 de los 9 que pelean por la secretaría de la nueva sala creada para ese fuero en Roca.
Desde el Colegio ratificaron su interés en que los resultados de estas pruebas escritas se consideren vinculantes para todo el Consejo de la Magistratura, postura que encuentra resistencia entre quienes advierten que la entidad no está avalada por ningún organismo del Estado para cumplir con ese rol evaluador y por lo tanto se incurriría en una injusticia con aquellos que no se presentaron a rendir por diferentes razones.
El Consejo de la Magistratura sesionará mañana desde las 16 en Roca. Si resuelve seguir adelante con las designaciones, ese día definirá los cargos para el fuero Laboral, en tanto que el jueves hará lo propio con el ámbito Penal y de Familia.
(Redacción Central / AC)
