La confirmación de la existencia de una denuncia por espionaje que habría realizado personal militar en el municipio y el juzgado federal de Bariloche generó preocupación en ámbitos institucionales.
Según se pudo establecer, una presentación interna fue realizada en junio del 2005 ante el Ejercito y otra, en setiembre del 2006, ante la Defensoría del Pueblo de la Nación. Desde la Fiscalía federal de Bariloche se informó a este diario que la causa abierta fue trasladada a la Fiscalía General, en Roca. Sin embargo, una consulta realizada en el organismo del Alto Valle concluyó con un dato contradictorio, porque se indicó que el expediente todavía no había sido girado desde la zona cordillerana.
Las denuncias, realizadas por un militar, advirtieron de la presunta existencia de una operación ilegal ordenada por autoridades castrenses locales, que permitió "infiltrar" a personas a fin de obtener información sobre autoridades judiciales y del municipio de Bariloche.
Esta actividad ilícita fue denunciada ante autoridades superiores militares y por falta de respuestas e investigaciones derivó hacia la Jefatura Mayor del Ejército, el Ministerio de Defensa de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Se refería a dos personas, uno destinado a obtener información en la municipalidad y la otra en la fiscalía federal.
La información fue difundida ayer por la agencia ADN y -según pudo averiguar este diario- tomó por sorpresa a los referentes de la comuna. Los allegados al intendente Alberto Icare, reconocieron que "es una sorpresa que tengamos un espía". Los voceros declinaron formular mayores precisiones "por carecer de información" pero adelantaron que en la conferencia de prensa que brindará hoy Icare podría haber mayor información.
En la presentación dirigida al defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, realizada por otra persona, se relata un episodio de "amenaza de muerte" donde señala que una autoridad militar "ordenó" a personal local que "si en algún momento (el denunciante) se acercaba a hablar con el jefe del Ejército, quien se encontraba en Bariloche, estos le tirarán a matar".
En noviembre de 2006 el propio militar presentó una denuncia ante el Ministerio de Defensa, bajo el expediente 27970/06, donde indicó que entre el 20 y 25 de junio de 2005, tomó conocimiento por parte de un Personal Civil de Inteligencia que un militar y abogado "al parecer estaba cometiendo algunos delitos que afectaban seriamente al Estado, violando la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia Nacional.
La presentación formal también refiere a las consecuencias padecidas por el militar denunciante luego de las primeras advertencias, donde mantuvo discusiones con el jefe de la Sección de Inteligencia Bariloche y otras autoridades, que según consta en la presentación, era amenazado con la exoneración de la fuerza y la paralización de los ascensos, además de reiterar la supuesta 'amenaza de muerte'.
La misma denuncia fue presentada con fecha 21 de diciembre de 2006 ante el jefe del Estado Mayor General del Ejército y recepcionada bajo el expediente IA 06-0635/5, donde relata que anteriormente presentó sus denuncias ante superiores inmediatos en Bariloche, y por vía telefónica al jefe de Compañía en Neuquén.
Cabe recordar que en la Patagonia existe un antecedente de espionaje, cuando el año pasado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció con pruebas que desde la base naval Almirante Zar de Trelew se organizaban tareas de inteligencia sobre referentes de entidades sociales, organismos de derechos humanos, periodistas y funcionarios nacionales y provinciales.
"Río Negro" consultó ayer a directivos del CELS en Buenos Aires si tenían conocimiento del caso denunciado en Bariloche. La respuesta fue negativa.
(AB / AR / ABA)
