En octubre pasado, un escándalo sacudió a la ciudad cuando la Justicia allanó las oficinas municipales de Catastro y Hacienda, luego de que días antes, el legislador Javier Iud y luego el intendente local Adrián Casadei presentaran denuncias por la supuesta comisión de delitos de estafa en la participación de intermediarios en el concurso público de precios N° 6, por el cual se ofrecían lotes en la villa turística.

En su momento no se descartó que pudieran revisarse otros concursos públicos anteriores. Sin embargo, los otros ya habían sido ratificados por el Concejo Deliberante lo que da mayor respaldo al proceso y menos margen a la Justicia. No fueron pocos los dirigentes, algunos hasta integrantes del actual gabinete, que dijeron que era conveniente suspender las licitaciones para evitar suspicacias. El fiscal en comisaría Favio Corvalán confirmó ayer que la Municipalidad no está inhabilitada para seguir ofreciendo lotes. Aunque confirmó que por el proceso 6 se inició una causa penal en la que interviene el juez Carlos Reussi -quien a fin de mes estaría en la ciudad tomando indagatorias- y que en ella se encuentra imputados tres particulares -que participarían de los concursos como intermediarios por fuera de ley- y tres funcionarios públicos de la comisión evaluadora de las ofertas. Corvalán se negó a dar a conocer el nombre de esos imputados. (ASA).