VIEDMA (AV).- La filial Río Negro del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) se quejó de que no fue convocado a discutir con el gobierno provincial la reglamentación de la ley 4.178 que regula esa actividad.

El reclamo está vinculado con que los empleadores pudieron participar de las discusiones, según le comunicó la directora de Enseñanza Privada, Liliana Finocchiaro, a la delegada provincial Laura Chebeir.

Más allá de esa situación, ese gremio dejó sentada su posición ante la funcionaria provincial y le llamó la atención sobre el hecho de que la norma rionegrina no fue adecuada a la nueva Ley de Educación Nacional, lo cual "debería haberse realizado antes de avanzar sobre las leyes de Educación Privada".

En ese mismo marco, el Sadop pidió la equiparación de los trabajadores del sector con el docente de gestión estatal, especialmente respecto de los salarios percibidos.

Otros puntos exigidos al gobierno tienen relación con la adecuación de la terminología a lo que establece la Ley de Educación Nacional, acerca de que la educación será de gestión estatal o de gestión privada. Con respecto a la clasificación de los establecimientos, pidió que debería diferenciarse entre reconocidos y no reconocidos por la enseñanza oficial, sin insertar otras categorías que pudieran dar lugar a confusión como los subvencionados, no subvencionados o arancelados.

Para el gremio resulta necesario mencionar en la nueva norma que todos los derechos laborales emergentes de la normativa nacional son aplicables a los docentes privados, como la conveniencia de establecer auditorías contables a cargo de personal técnico a fin de ejercer el control económico financiero de las instituciones educativas.

Calificó de inconstitucional el artículo 122 por el cual se incorpora a los docentes privados como afiliados a Ipross violando leyes nacionales que establecen que la obra social que corresponde a los docentes privados en todo el país que es Osdop. Así, se puso como ejemplo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya falló contra las provincias de Buenos Aires y Córdoba cuando pretendieron incorporar a los privados a sus institutos provinciales.