El trust petrolero estadounidense Standard Oil, creado en 1870 por John D. Rockefeller, se apoderó de o destruyó a la mayoría de su competencia con tácticas de dudosa legitimidad. En 1911 la Suprema Corte de Estados Unidos lo encontró culpable de actividades monopólicas y lo dividió en 34 compañías, entre las que estaban Amoco, Chevron, Esso (que luego se rebautizaría Exxon) y Mobil. Hacia 1917 una de sus filiales, la West India Oil Company (WICO) vendía el 95% del querosén y el 80% de la nafta de la Argentina y tenía el monopolio del abastecimiento de los surtidores de la Capital Federal, el mayor mercado del país. Otra filial, la Standard Oil Company of Argentina, fue la principal rival de YPF en la explotación de los ricos yacimientos de Orán y Tartagal (Salta). Desde finales del siglo XVIII, EE. UU. y Gran Bretaña tuvieron (y siguen teniendo) como política de Estado la defensa gubernamental de los intereses de sus empresas con valor estratégico. Prácticas que no se permitían en el interior de esos países eran toleradas y hasta estimuladas en otros, de las que fueron prototípicas las de las empresas petroleras. Huey Long, quien después sería gobernador y senador por Luisiana (EE. UU.), acusó a la Standard Oil de haber promovido la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia (1932-1935) para apoderarse de los ricos yacimientos petrolíferos bolivianos.

Estimulados por su gran victoria electoral de 1928, los radicales yrigoyenistas transformaron el proyecto de ley de Alvear de 1927 en uno de completa nacionalización de la industria petrolera. Sus representantes en la Cámara de Diputados, donde eran mayoría absoluta, aprobaron el proyecto ese mismo año. El triunfo fue ilusorio ya que tenían sólo 7 de los 30 senadores nacionales. Autores como Raúl Scalabrini Ortiz dieron gran importancia a este intento de nacionalización, afirmando que fue la causa principal del golpe de Estado de 1930. Según analistas bien informados de la época, era casi imposible que la mayoría conservadora del Senado aprobara la propuesta yrigoyenista, que era poco más que un eslogan electoral. El gobierno nacional no tenía los recursos necesarios para las expropiaciones, recursos que de existir hubieran permitido mejorar enormemente el funcionamiento de YPF.

Mosconi renunció al directorio de YPF inmediatamente después del golpe militar del 6 de setiembre de 1930, negándose a trabajar para un gobierno ilegal. Aunque circularon rumores sobre la formación de una comisión investigadora de su gestión, esto no sucedió y el gobierno de Uriburu aprobó sin observaciones el balance final de su gestión. Para comprender la importancia de este hecho aparentemente trivial hay que recordar que en el gabinete de Uriburu, que más parecía el directorio de una empresa multinacional, estaban representados todos los grandes intereses económicos de la época, en especial los petroleros. Mosconi estuvo exiliado en Europa durante todo el gobierno de Uriburu, de donde regresó en 1932 al asumir Agustín Justo. El nuevo presidente, general e ingeniero, premió la capacidad técnica y organizativa y el nacionalismo económico de Mosconi, designándolo director de la Academia de Tiro y Esgrima del Ejército. Luego de una breve gestión del capitán de navío Felipe Fliess, Enrique Zimmerman asumió la dirección de YPF y, hecho muy significativo en el contexto político-económico de la época, mantuvo los objetivos de Mosconi.

Durante el breve gobierno de Uriburu las petroleras privadas casi duplicaron su producción, mientras que la de YPF creció menos del 10%, pero se creó la reserva fiscal de Tierra del Fuego y se le permitió operar en Salta. En 1931 se autorizó la construcción de dos destilerías privadas en Dock Sud (hoy notorias por la contaminación que producen), pero se construyó la planta de aceites lubricantes, grasas, parafinas y asfaltos de la Destilería de La Plata, entonces la más grande de Sudamérica. En cambio, se aceptó la importación de surtidores de nafta, en vez de la fabricación local que había promovido Mosconi. Si hubieran primado los intereses petroleros internacionales de la época, la revolución de Uriburu y su secuela de gobiernos fraudulentos de la Década Infame habrían hecho desaparecer a YPF. No fue así, ésta continuó sus actividades, aunque con dificultad y lento crecimiento, y las reservas petrolíferas fiscales se ampliaron fuera de los territorios nacionales. Aunque el poder de las empresas petroleras extranjeras aumentó, las estadounidenses fueron prácticamente expulsadas del país, señalando la incorporación de hecho de la Argentina al dominio británico.

A pesar de la justamente negra imagen de la Década Infame, el panorama petrolífero del período fue mixto, con costos y beneficios repartidos entre YPF y las empresas privadas. Parte de la explicación reside en los intereses contrapuestos de las diversas ramas de la actividad privada: la extractiva (exploración y perforación de yacimientos), el oligopolio importador y distribuidor de combustibles y las importadoras de crudo para refinación y reventa. Sin embargo, la explicación más importante es a mi juicio basado en el comportamiento análogo de otras actividades tecnológicas que la lealtad de los gobernantes de esa época estaba casi igualitariamente dividida entre los intereses económicos de los grupos dominantes a los que pertenecían y la ideología militar que asignaba importancia crucial a la posesión por el país de ciertas tecnologías estratégicas. Esta ideología se revertiría completamente a partir de la década de 1960, cuando la estadounidense Escuela de las Américas entrenó a los ejércitos americanos para combatir a sus enemigos internos, reservando la defensa del continente a EE. UU. (con la tácita excepción de Malvinas, claro está). Con la volubilidad característica de un amante despechado, pasamos entonces del odio intenso a las promiscuas relaciones carnales.

CARLOS E. SOLIVÉREZ (Doctor en Física y diplomado en Ciencias Sociales. Mail: csoliverez@gmail.com)

Especcial para "Río Negro"