La presentación del proyecto para que los jueces y funcionarios judiciales sean elegidos por concurso de oposición y antecedentes se acerca finalmente a la concreción en Río Negro en estos días, pero sólo después de la insistencia de sectores de la comunidad.

El tema tiene varios aspectos importantísimos.

" El fundamental, sin duda, será que logre dotar de mayor transparencia a una de las decisiones más trascendentes que corresponden a una administración pública, como es elegir a quienes tendrán en sus manos la interpretación y la aplicación de la ley a los casos concretos, con las consecuencias que eso implica para la comunidad. Todos somos usuarios del servicio de justicia, en cuestiones tan diversas como los negocios, el trabajo, las relaciones de familia, la convivencia vecinal, los accidentes, el crédito y las deudas o las imputaciones respecto de delitos que nos tengan como víctimas o como imputados. Por eso, a nadie puede dejar indiferente esa decisión.

En el mundo actual es tal la puja de intereses que se dirimen en ámbitos del Poder Judicial, que ya no se tolera lo que antes se admitía: que la designación de los jueces y funcionarios judiciales quede librada a la preferencia de un grupo reducidísimo de políticos o de abogados, y que sea adoptada en secreto, sin necesidad de fundamentación, y con carácter de inapelable.

La provincia de Río Negro, que en muchos aspectos se precia de tener una legislación de avanzada, ha quedado en este tema muy atrás entre los otros estados federales e incluso respecto de la Justicia Federal, que no sólo nombra a sus miembros después de rigurosos exámenes académicos, sino que fue más allá en materia de transparencia: abre un período durante el cual la comunidad puede realizar impugnaciones y somete a los aspirantes a una audiencia pública donde se pone en cuestión no sólo su conocimiento técnico sino también su trayectoria, como elemento objetivo para juzgar la aptitud ética para el cargo de que se trate.

En Chubut, sólo por hablar de una provincia vecina, hace años que los aspirantes a jueces, además de rendir examen, participan de una entrevista que es difundida por televisión, lo que permite que la comunidad los conozca y meritúe. Esto actúa como control social de la decisión fundada que deben adoptar los funcionarios que eligen a un magistrado.

" La segunda cuestión es que no se comprendía por qué el proyecto de ley para designar a los jueces por concurso quedó atrapado en un cajón, cuando a través de un proceso participativo se había llegado ya a un consenso en la materia.

Hace más de dos años, los cuatro Consejos de la Magistratura de la provincia incluyendo a sus integrantes magistrados, abogados y legisladores deliberaron en plenario en Bariloche y consensuaron un proyecto de ley. Pero, resuelto lo más complejo el texto del proyecto, nadie se puso de acuerdo sobre lo más sencillo, que era quién lo presentaría ante la Legislatura.

Mientras tanto, a río revuelto, al oficialismo para nada le molestó mantener el actual sistema, que lo pone en situación de ventaja relativa.

Por alguna razón, el Superior Tribunal de Justicia no utilizó el derecho de iniciativa en materia judicial que le asigna el artículo 206 inciso 4 de la Constitución provincial, ni tampoco algún legislador de la oposición impulsó la reforma. Y el Consejo, mientras tanto, avanzó en la convocatoria para cubrir numerosos cargos en Bariloche y Roca con el método vigente, pese a las objeciones.

" Tal vez lo más notable del tema sea que el proyecto de Sartor fue anunciado ante una inminente convocatoria del Consejo, y sólo después de que un recurso de amparo y el reclamo de entidades intermedias pusieran en evidencia no sólo los argumentos técnico jurídicos en contra del sistema actual sino también el compromiso político público de cambiarlo.

La participación pudo, así, lo que no logró la convicción propia o la decisión política de la dirigencia.

La lección resulta muy edificante. Aquella frase de connotación cínica que indica que "los pueblos tienen el gobierno que se merecen" cobra así un significado optimista.

Es que el gobierno de una sociedad entendido como la acción de guiarla dentro de un marco legal hacia un objetivo mejor no es sólo cosa de quienes resultan electos. En todo caso, es claro que ellos no pueden, en un sistema republicano y democrático, gobernar en contra de las preferencias de la mayoría que sean expresadas con fundamento y legitimidad. Porque el sistema representativo no se autosatisface con el voto, sino que requiere también una tarea permanente de conformación de consensos. Y en esto hay mucho que hacer.

La declamada reforma política tiene todavía en Río Negro unos cuantos temas pendientes. Quizás el más importante sea la eliminación del piso del 22% para la elección de legisladores por los circuitos y la derogación de toda disposición distorsiva de la voluntad popular que aleje a las minorías de la posibilidad de tener voz en la Legislatura.

" Lo preocupante es que el proyecto para establecer el concurso obligatorio para la elección de jueces y funcionarios judiciales incluye una cláusula que en caso de resultar aprobado como está implicaría neutralizar su finalidad y convertirlo en una vulgar parodia.

Según la iniciativa que el viernes entregó el legislador Daniel Sartor al presidente del STJ, Víctor Sodero Nievas, el esquema de puntajes asignado a los aspirantes sería: un 20% a los antecedentes, un 40% al concurso de oposición y un 40% a la entrevista personal. Esto último implica que la opinión subjetiva de los evaluadores tendría un peso determinante, que podría echar por tierra los méritos objetivos que expusieran los aspirantes.

Un esquema similar acaba de mostrar en Neuquén sus efectos adversos.

Además, el proyecto incluye imprecisiones y defectos, además de un excesivo reglamentarismo, la creación de dos nuevos órganos una Comisión de Evaluación y un Jurado y de excederse en plazos que harían un concurso interminable.

En síntesis, otra vez será necesaria la participación.

Porque sólo una ciudadanía activa logra cambios efectivos en materia de compartir poder y responsabilidades, cuando la dirigencia y los gobiernos hacen la plancha, sentados sobre sus privilegios.

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar