Un nuevo caso de corrupción que investiga la Justicia vuelve a rozar al ministro de Planificación, Julio de Vido. Dos funcionarios de su entorno están vinculados con la presunta asociación ilícita extorsiva que ofrecía "arreglar" causas en poder del juez Penal Económico Guillermo Tiscornia.
El matutino porteño "Perfil" reveló ayer que los funcionarios investigados son su secretario privado, Armando Melo, y Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación.
Melo y Baratta, según la información de Perfil, "mantuvieron desde sus teléfonos celulares varios contactos con uno de los principales sospechosos del caso que está a punto de terminar con la carrera de un magistrado polémico. Se trata de Jorge Raúl Bark, investigado por la Justicia por intentar cobrar coimas a la empresa Codere para que el juez Tiscornia cerrara una causa en la que se acusaba a esa
firma".
"La empresa, dedicada a la actividad de juegos y apuestas, era investigada por Tiscornia por supuesto contrabando y evasión tributaria. Un grupo de personas, entre ellas Bark, se acercó a esta firma y, con sólidos conocimientos de la información del expediente, le propuso el pago de 4 millones de dólares a cambio del sobreseimiento", añadió el semanario.
Baratta y Melo ya declararon ante la Justicia. Los dos admitieron conocer a Bark y que existieron las comunicaciones telefónicas a sus teléfonos móviles.
Hoy el Consejo de la Magistratura inicia el proceso para remover a Tiscornia de su cargo. La principal acusación apunta a un presunto pedido de coima por intermedio de terceros para dictar resoluciones con el fin de activar o frenar causas en su juzgado.
(Fuente: "Perfil" y DyN)
