Un militar denunció, ante autoridades del ejército y la Defensoría del Pueblo de la Nación, una presunta operación ilegal ordenada por autoridades militares que permitió infiltrar a una persona en la Fiscalía Federal de la Nación en Bariloche y en el municipio local con el objetivo de obtener información de personas.  

Según informó la agencia de noticias ADN, el denunciante, quien pidió reserva de su identidad, es integrante de la Sección Inteligencia perteneciente al Ejército Argentino. Formuló su denuncia ante sus superiores y tras la falta de respuestas hizo una presentación ante la Jefatura Mayor del Ejército, el ministerio de Defensa y la defensoría del Pueblo de la Nación.  

Su denuncia  indica que “ entre el 20 y 25 de junio de 2005, tomó conocimiento por parte de un Personal Civil de Inteligencia (PCI)” que un superior “al parecer, estaba cometiendo algunos delitos que afectaban seriamente al Estado”, de acuerdo a lo que consignó la agencia informativa. 

En este sentido la información aclara que el militar explica que “por mi parte, detecté documentación que podría estar vinculada con la violación de la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia Nacional”. 

Esta ley, establece que ningún organismo de inteligencia podrá “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas”, y que queda prohibida la intervención de comunicaciones, informaciones o documentos”. 

Según la versión periodística “la presentación formal hace referencia a “consecuencias” padecidas por el militar denunciante como discusiones con el jefe de la Sección de Inteligencia Bariloche y otras autoridades”.

Incluso agrega que “la misma denuncia fue presentada con fecha 21 de diciembre de 2006 ante el jefe del Estado Mayor General del Ejército donde relata que anteriormente presentó sus denuncias ante superiores inmediatos en Bariloche, y por vía telefónica al jefe de Compañía en Neuquén”.

Por último la versión periodística indica que “la falta de respuestas por vías administrativas llevó a solicitar información sobre el estado de los expedientes en el Ministerio de Defensa y la Jefatura del Estado Mayor General del Ejército en marzo y abril de este año.”

“La información también fue aportada a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que el año pasado denunció una situación de “espionaje militar” en Chubut” concluyó.

Fuente: ADN