BUENOS AIRES (DyN) – Un juez civil porteño fijó para el 18 de diciembre próximo la fecha para rematar un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba a raíz de las deudas de los dueños de las tierras en las que está emplazado.

Se trata de la comuna de San Nicolás, situada a 14 kilómetros de Cruz del Eje, donde viven unas 800 personas en 150 viviendas. El lugar tiene, además, iglesia, juzgado de paz, destacamento policial, escuela, sala médica y negocios comerciales.

El pueblo está ubicado en una fracción de un campo de 2.216 hectáreas, la mayoría de ellas dedicadas a olivares. El remate fue dispuesto por el juez civil Carlos Molina Portela, quien rechazó una medida cautelar presentada por el jefe comunal de San Nicolás. No obstante, la medida se encuentra en revisión ante la Sala E de la Cámara, integrada por los jueces Fernando Racimo, Juan Carlos Dupuis y Mario Calatayud.

Los habitantes del lugar pidieron el deslinde de la fracción donde se encuentra asentado el pueblo, unas 20 hectáreas, para que esa superficie pueda quedar excluida del remate. El abogado Eduardo De Luca, quien patrocina a varios de los habitantes de San Nicolás, explicó que el recurso judicial que busca frenar el remate se basa sobre "la inmanencia del estado y la imposibilidad del poder judicial de disponer de bienes del Estado".

"Los habitantes han invocado derechos posesorios anteriores al crédito del acreedor hipotecario, diferentes tratados internacionales sobre derechos humanos y la convención de los derechos del Niño, a los cuales nuestro País ha adherido e incorporado en la Constitución Nacional", indicó el abogado. En realidad, los terrenos nunca fueron parcelados ni escriturados a nombre de los habitantes, sino que pertenecen al propietario del olivar, aunque en algunos casos hay familias que están asentadas allí legalmente desde hace seis décadas. De Luca explicó que "los habitantes han ofrecido abonar al contado el valor de las 20 hectáreas al valor tasado por el acreedor a fin de excluir al pueblo del remate, pero éste se ha negado". Más aún, el dueño de los terrenos "ofreció abonar la deuda en el mes de marzo de 2008 con el producido de la cosecha" al acreedor, un banco privado de capitales internacionales.