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Alerta roja |
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Puede que la costumbre del gobierno del presidente Néstor Kirchner de minimizar las dificultades económicas le haya resultado beneficiosa en términos políticos, pero sucede que negarse a tomar en serio los problemas no equivale a solucionarlos. Por el contrario, sólo sirve para que los que antes podían considerarse relativamente menores sigan empeorándose hasta que el gobierno se vea obligado a pagar un costo político muy elevado cuando por fin elija enfrentarlos. Uno de ellos es el planteado por la inflación que, de más está decirlo, poco tiene que ver con la versión difundida por el INDEC. Otro consiste en la crisis energética que, según los especialistas que asistieron al 43° Coloquio de IDEA que acaba de celebrarse, es sumamente grave. Conforme a un estudio que está preparando el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, será preciso invertir 4.500 millones de dólares anuales durante 10 años para que se puedan equilibrar la oferta y la demanda de energía, mientras que a juicio del economista Francisco Mezzadri, para eliminar la distorsión de precios, ya que las industrias pagan 18 pesos por metro cúbico de gas y las casas 4 centavos, las tarifas residenciales deberían subir "un cien por ciento en promedio", lo que, claro está, tendría un impacto inmediato en el costo de vida. Si bien es de suponer que el gobierno se las arregló para que los habitantes de la Capital Federal, una de las ciudades más ricas de América Latina, abonaran una pequeña fracción de lo que pagan sus equivalentes en San Pablo, Río de Janeiro, Santiago de Chile y Lima, porque esperaba verse retribuido en las urnas por su solidaridad con los consumidores, la estrategia así supuesta fracasó puesto que la mayoría votó en contra de Cristina de Kirchner. Así las cosas, aun cuando el gobierno actual o su sucesor decida incrementar las tarifas por motivos económicos evidentes, será acusado de hacerlo con el propósito de castigar a los porteños por su falta de fervor kirchnerista. Con cierta frecuencia, distintos voceros oficiales nos recuerdan que hay crisis energéticas en todas partes del mundo debido al aumento explosivo del precio del crudo que se ha registrado en los cuatro años últimos. Tienen razón, pero a diferencia de los gobiernos de otros países, que entendieron que sería forzoso hacer todo lo necesario para adaptarse a la realidad así supuesta, el nuestro optó por restarle importancia como si sólo fuera cuestión de la avaricia de algunos empresarios por lo común extranjeros. El resultado de tanta miopía fue previsible. Las empresas del sector se han limitado a invertir lo imprescindible y como consecuencia ya no hay energía suficiente como para permitir hacer frente a cualquier aumento de la demanda. Se da por descontado que habrá apagones si hace mucho calor en el verano que se avecina, como en efecto ocurrió cuando llegó el frío poco antes de iniciarse el invierno pasado. En aquella oportunidad, los más perjudicados resultaron ser los industriales, puesto que a diferencia de lo que sucede en otros países, aquí suelen considerarse prioritarias las necesidades de los consumidores, sobre todo los de la clase media. De más está decir que al subsidiar la energía el gobierno ha estimulado el despilfarro: puesto que la electricidad y el gas son tan baratos para la clase media acomodada, que quienes están en condiciones de hacerlo han aprovechado la oportunidad para consumirlos de modo ineficiente, sin prestar atención alguna a las esporádicas exhortaciones oficiales, lo que es perfectamente lógico. Por desgracia, muy poco es gratuito en este mundo nuestro. Si queremos contar en adelante con la energía suficiente como para que la economía continúe creciendo a tasas superiores al promedio internacional, no habrá más alternativa que la de invertir mucho más en el sector. Sin embargo, a causa de las distorsiones ocasionadas primero por el gobierno del presidente interino Eduardo Duhalde y después por el de Kirchner, tendremos que resignarnos a un ajuste mucho más severo de lo que hubiera sido el caso si, una vez superado lo peor de la crisis social devastadora provocada por el colapso del 2001 y 2002, las autoridades hubieran reconocido la necesidad de permitir que las empresas energéticas comenzaran a aumentar sus tarifas a fin de adaptarlas a las nuevas circunstancias. |
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