A partir de la semana próxima, todos los jueces del país deberían "blanquear" su patrimonio ante el Consejo de la Magistratura y podrán ser conocidos por cualquier ciudadano, aunque los datos no aparecerán por internet, como se propuso inicialmente.

Así lo votó ayer la Comisión de Reglamentación del Consejo, luego de las quejas que plantearon las asociaciones de jueces porque temían por el uso que se le podría dar a la publicidad de sus bienes y, entonces, ese escenario podía poner en riesgo su seguridad.

La resolución fue aprobada por los cuatro integrantes de la comisión que asistieron a la audiencia: los consejeros Diana Conti, autora del proyecto; la senadora oficialista María Laura Leguizamón, el representante de los abogados, Pablo Mosca, y el de los académicos, Mariano Candiotti. Los ausentes fueron precisamente los dos integrantes de la comisión que habían planteado cuestionamientos a la iniciativa.

"El fin último de esta resolución es permitir que la sociedad pueda ejercer un debido control sobre la actividad de todos los funcionarios y magistrados Judicial sin que esto bajo circunstancia alguna signifique abrir un manto de sospecha sobre la mayoría de éstos que realizan su trabajo en forma seria y honrada", dice el texto votado.

Aunque los jueces puedan dar alguna razón puntual de por qué no contestar, lo que quedará a criterio del Consejo, lo cierto es que a partir del jueves próximo "toda persona podrá consultar la declaración patrimonial integral" de los magistrados requeridos.

Si bien el proyecto recién se convertirá en obligación el jueves próximo, cuando quede sellado por el plenario del Consejo, lo cierto es que las fuentes confirmaron que "con el acuerdo de hoy es un hecho que a partir de la semana próxima no habrá más secretos sobre las propiedades que los magistrados tienen, al menos, en blanco".

Apenas apareció la iniciativa, el dictamen generó el enérgico rechazo de las agrupaciones de jueces. Es que el proyecto inicial pedía que los bienes de los magistrados fueran publicados en internet para que cualquiera pudiera conocerlos.

Ahora, el Consejo aceptó no dar a publicidad aquellas cuestiones de las declaraciones juradas que hacen "a la intimidad de los magistrados" y que podrían resultar "sensibles". Y admitió que por el momento no había recursos tecnológicos que pudieran evitar que esos datos sean captados y modificados intencionalmente en la web.

Pero los datos deberán igual ser informados si le son requeridos y, como único recurso, el juez que sea invitado a dar a conocer sus bienes sólo podrá alegar una explicación formal al cuerpo de por qué entiende que el pedido del ciudadano que lo quiere saber podría estar motivado en alguna situación que termine perjudicándolo. "Con esto se logró dar un giro copernicano en materia de declaraciones juradas de los jueces -dijo Conti. Por cuestiones de seguridad no quedarán expuestos estos datos, pero como lo dispone la Ley de Ética Pública y como deben hacerlo los funcionarios ante la Oficina Anticorrupción, los jueces también deberán hacer saber sus patrimonios". (DyN)