El presidente francés, Nicolas Sarkozy, está decidido a salir victorioso de la lucha de poder que mantiene con los sindicatos por la reforma del régimen provisional, que prevé la eliminación de la jubilación anticipada. Para Sarkozy se trata sobre todo de una lucha simbólica: si triunfa, podrá acometer con mucha más comodidad el resto de las reformas prometidas.

El diario "Le Figaro", cercano al gobierno, publicó al inicio de la huelga una encuesta en la que dos de cada tres franceses consideran "injustificada" la huelga. Y el 70 por ciento recomienda al gobierno mostrarse inflexible en las negociaciones con los sindicatos. Con este respaldo, a Sarkozy le resultará mucho más fácil presentarse como un reformador irreductible.

El régimen especial de los trabajadores estatales cuesta a las arcas públicas unos 5.000 millones de euros al año. Medio millón de los 26 millones de trabajadores franceses se benefician de los "régimes speciaux".

Los empleados ferroviarios pueden jubilarse a los 50 años, y los de tráfico, electricidad y gas pueden hacerlo con 55. Los "régimes speciaux" nacieron en el siglo XVII con el rey Luis XIV, que otorgó derechos extraordinarios a los marineros y pescadores. Napoleón agregó en 1806 al Banco Central y en 1812 la Comédie Française. Después de la Segunda Guerra Mundial fueron modificados para incluir a mineros, policías y soldados, trabajadores del ferrocarril, correo, electricidad y gas, además de la Ópera de París hasta la imprenta oficial. También protestan los estudiantes universitarios, aunque su protesta no suena muy convincente, ya que la reforma universitaria que impugnan fue aprobada hace varios meses sin mayor oposición de los claustros.

El complicado asunto quedó en manos de su primer ministro François Fillon, que se mostró inflexible pero dejó claro que las negociaciones con los sindicatos apenas arrancan. Probablemente se acordarán finalmente leyes extraordinarias para los actuales empleados públicos, para que las medidas de ahorro afecten sólo a los que en el futuro trabajen para el Estado. (DPA)